MALAS COMPAÑÍAS. La detención del ex regidor del desaparecido partido Encuentro Social (PES), Abraham Jair, es un claro ejemplo de la infiltración de personas con antecedentes delictivos en la política. Su presunta implicación en al menos un homicidio, posesión de drogas y armas de alto poder es alarmante y pone en evidencia la falta de filtros y controles en la selección de candidatos por parte de los partidos políticos. Es preocupante que un individuo con este tipo de historial haya ocupado un cargo público tan importante como el de regidor en el Cabildo. La relación de Abraham Jair con actividades criminales no solo mancha la reputación del partido al que pertenecía, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en el sistema político. El hecho de que el PES haya fortalecido su presencia en Morelos gracias a la entrega de la gubernatura por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda levanta sospechas sobre posibles acuerdos oscuros y falta de transparencia en la política. Es necesario que se investigue a fondo este caso y se tomen medidas para evitar que individuos con antecedentes delictivos sigan infiltrándose en la vida política del país. La detención de Abraham Jair es un recordatorio de la importancia de fortalecer los mecanismos de selección y vigilancia de los candidatos políticos, así como de la urgencia de erradicar la corrupción y la impunidad en todos los niveles del gobierno. La sociedad merece representantes íntegros y comprometidos con el bienestar común, no con intereses personales y criminales. Ahora lo interesante de todo esto es lo que escupa el detenido, su saliva podría salpicar a muchos.
VIOLENCIA DE GÉNERO. La misoginia y el abuso de poder en la política son temas que lamentablemente siguen presentes en nuestros días. En el caso del PRI de Morelos, las inconformidades han comenzado a surgir luego de que el presidente de ese instituto político, Jonathan Márquez, se vio involucrado en un sucio y muy vil juego legaloide para quitar a una mujer de una diputación plurinominal. La situación resulta aún más preocupante cuando se señala que detrás de esta acción se encuentran motivaciones personales, como el hambre y la necesidad de fuero por parte de Márquez. La utilización de artimañas legales para despojar a una mujer de su cargo político es un claro ejemplo de la falta de ética y respeto hacia las mujeres en la esfera política. Es indispensable que se cuestione y se denuncie este tipo de prácticas discriminatorias y abusivas. La pregunta sobre si la mujer afectada se quedará de brazos cruzados es pertinente, pero también es relevante cuestionar si las mujeres en general permitirán que se les agandalle de esta manera. Las mujeres no deben quedarse viendo el agandalle, ni permitir que se vulneren sus derechos y su participación política. Es fundamental que se levanten voces de protesta y se exija justicia y equidad en todos los ámbitos, incluyendo el político. La solidaridad entre mujeres y la lucha colectiva son herramientas poderosas para enfrentar la misoginia y el machismo en la política.
VANDALISMO. La denuncia sobre la presencia de personas dedicadas a romper o dañar cámaras de seguridad en viviendas y negocios del Centro de Cuernavaca es sumamente preocupante y pone en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad en la zona. La respuesta de la titular de la SEPRAC, Alicia Vázquez Luna, al afirmar que no pueden cuidar las cámaras, resulta insuficiente y genera aún más incertidumbre entre la población. La destrucción de cámaras de seguridad no solo representa un acto de vandalismo, sino que también obstaculiza la labor de vigilancia y prevención del delito en la ciudad. Estas acciones ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos y dificultan la labor de las autoridades para mantener la seguridad en la zona. Es evidente que esta actividad constituye un desafío importante para las autoridades locales, quienes deben implementar medidas efectivas para proteger la infraestructura de seguridad y garantizar la tranquilidad de la población. La falta de vigilancia y de respuesta contundente ante estos actos delictivos solo alimenta la sensación de impunidad y desamparo entre los habitantes de Cuernavaca. Es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad en la protección de los ciudadanos y de sus propiedades. La prevención del delito y la persecución de los responsables de estos actos deben ser prioridades en la agenda de seguridad pública. La colaboración ciudadana y el fortalecimiento de la coordinación entre autoridades y sociedad son clave para enfrentar este tipo de desafíos de manera efectiva.
DESESPERACIÓN SOCIAL. La inoperancia del mando coordinado que encabeza la CES en Morelos ha llegado a un punto crítico, como lo demuestra el incidente ocurrido en la colonia Morelos del municipio de Jiutepec, donde los habitantes tomaron la decisión de tomarse la justicia por su propia mano y amarrar a un hombre a un poste por presuntamente lanzar piedras a vehículos en la zona. Este acto de linchamiento público es una clara muestra de la desesperación y la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades de seguridad. La ausencia de una respuesta efectiva por parte del mando coordinado ante problemáticas como la delincuencia y el vandalismo ha llevado a que la población se vea obligada a actuar por cuenta propia, lo cual es extremadamente peligroso y va en contra del Estado de Derecho. El espíritu de justicia por propia mano que parece estar en aumento en todo el territorio morelense es una señal alarmante de la crisis de seguridad y de confianza en las instituciones encargadas de mantener el orden público. Este tipo de acciones solo perpetúan la violencia y la impunidad, y ponen en riesgo la integridad y los derechos de las personas, tanto de los presuntos delincuentes como de aquellos que deciden hacer justicia por sus propias manos.