Mientras el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo afirma que está tratando de enfrentar a La Nueva Familia Michoacana, el Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, confirmó los indicios de la presencia del grupo criminal en Morelos, pero ha afirmado que su combate es tema federal, lo que evidencia esfuerzos aislados y descoordinados de las autoridades.
Y en tanto no hay muestras de un combate a ese cartel en que participen los tres órdenes de gobierno coordinados, los indicios de la presencia de La Nueva Familia Michoacana provienen de investigaciones de agencias de los Estados Unidos, que afirman que en Cuernavaca hay un laboratorio en que se elabora fentanilo, que se exporta a la Unión Americana.
Otra muestra de la presencia de La Nueva Familia Michoacana es el hallazgo de un narco-túnel en Miacatlán, confirmado por el propio Fiscal Uriel Carmona, y que puede atribuirse, de acuerdo con sus propias declaraciones, a La Nueva Familia Michoacana.
Sin embargo, la muestra de que tanto la Fiscalía como el gobierno estatal caminan por vías distintas está patente en que mientras la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y el propio gobernador afirman que lo están enfrentando, aunque sea con sus mil 200 elementos policíacos, el Fiscal señala que se trata de un tema de competencia federal y no ahonda sobre el resultado de sus investigaciones.
Abundan las muestras de que las autoridades estatales no están actuando conjuntamente contra el crimen organizado, y que muy probablemente tampoco estén compartiendo información sobre los grupos delictivos: mientras la CES de Ortiz Guarneros ha reconocido que en la entidad operan 16 bandas criminales, el Fiscal General Carmona Gándara ha informado que son 56 organizaciones, sin que hasta ahora ninguna de las dos instancias haya explicado a qué obedece la disparidad de su información o si están intercambiando datos.
De igual forma, el comisionado Ortiz Guarneros ha destacado que el enfrentamiento entre bandas de criminales recientemente se ha dado entre La Familia Michoacana y su rival, autodenominado Los Mayas.
La Familia Michoacana surgió en 2006, y de acuerdo con la organización Insight Crime, que estudia a los grupos criminales, al principio tuvo aceptación porque dirimía las disputas locales, brindaba empleo y hacía trabajo social. Era liderada por Nazario Moreno González y por Jesús Méndez Vargas, “El Chango Méndez”. Cuando éste fue detenido, su hijo, “El Changuito Méndez”, reorganizó al grupo y surgió La Nueva Familia Michoacana, para después aliarse con los Cuinis, a quienes se atribuye ser el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “La Fresa”, formaron La Nueva Familia Michoacana, y es a esta organización a la que autoridades norteamericanas atribuyen el tráfico de fentanilo, de múltiples colores, a la Unión Americana y advierten que su potencial es grande para seguir creciendo, ampliar sus dominios y competir incluso con el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.
En Morelos, sin embargo, la CES y la Fiscalía no tienen coordinación, y la primera de las instituciones dispone de apenas mil 200 policías para enfrentarlos, en tanto la Fiscalía anuncia esporádicas detenciones de algunos de sus integrantes, pero no da a conocer cuál es la situación, ni ha sustentado cómo ganar la batalla contra esa y el resto de las organizaciones criminales que operan en la entidad y que, incluso, son de mayor monta.
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MÁS DE 800 HOMICIDIOS DOLOSOS EN MORELOS
Morelos es el segundo lugar nacional en homicidios dolosos, con 6.4 por cada cien mil habitantes, sin que hasta ahora la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), a cargo de José Antonio Ortiz Guarneros, haya podido contener la tendencia al alza.
Al cierre del primer semestre de 2024, la ola incontenible de homicidios dolosos en Morelos se ha disparado a 862, en tanto que, durante 2023, en el mismo lapso de tiempo, se registraron 660 casos, lo que representa un incremento del 30.6 por ciento.
No menos alarmante resulta que el 86 por ciento de los homicidios dolosos en la entidad se hayan cometido mediante el uso de armas de fuego, lo que apunta a otra grave problemática en la entidad, en torno al control y combate al tráfico de este instrumento para asesinar.
Morelos solo es superado por Colima en el primer lugar nacional con 10.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, y a nuestra entidad le siguen Sonora, con 4.9, Chihuahua, con 4.8, Guerrero con 4.7 y Baja California, con 4.6.
Lamentablemente, nuestra entidad también rebasa y hasta triplica el promedio nacional de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, que es de 2.2, de acuerdo con los datos que las propias Procuradurías Generales de Justicia y las Fiscalías Generales aportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con estas cifras, que van en aumento con relación al año pasado, Morelos ya rebasó los seis mil homicidios dolosos en lo que va de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien por su parte ha dicho que a finales de octubre deja el cargo y se va ampliamente satisfecho por los logros de su gobierno, aunque éstos no se ven reflejados tanto en la prevención como en el combate a la delincuencia.
Llama la atención que, hasta mayo de este año, el SESNSP había reportado 15 casos de ejecuciones en distintos puntos de la entidad, la mayoría a balazos. Y, sin embargo, en lo que va de esta administración, ni la Comisión Estatal de Seguridad Pública ni la Fiscalía General han dado informes sobre alguna estrategia no solo para diagnosticar el número de armas que circulan en la entidad, sino de las estrategias implementadas para combatir su tráfico.
Comprensible es que, tratándose de aquellas armas que son de uso exclusivo del Ejército, ambas instancias, Fiscalía y CES, se deslinden, pero tampoco se habla del resto de las que circulan en la entidad sin control.
Salvo las campañas de desarme voluntario, en las que se ofrecen recursos y/o despensas a cambio de entregar las armas de fuego sin ninguna investigación de por medio sobre el origen de las armas, se ignora hasta ahora una estrategia conjunta en la que también esté involucrado el Ejército. Y la situación es preocupante, porque las armas de fuego lo mismo se utilizan en los homicidios dolosos, lo mismo que en los feminicidios, como ha reportado organizaciones de defensa de los derechos humanos, como la denominada “Digna Ochoa”.