El Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha concluido con resultados significativos. Este evento, el mayor ejercicio de consulta y escucha a profundidad sobre seguridad y justicia realizado en México y se comentó que es inédito a nivel internacional, ha demostrado ser un foro crucial para el diálogo y la generación de propuestas. De acuerdo a cifras oficiales , participaron 3279 personas y 586 moderadores y relatores.
La seguridad y justicia como derecho humano de los ciudadanos, no corresponde únicamente al poder judicial, es decir, la investigación y persecución de los delitos le corresponde a las fiscalías a nivel local y la fiscalía General de la República a nivel Federal. Sin perder de vista además que la obligación primigenia de seguridad, corresponde en primera instancia a los municipios, a los estados y también a nivel federal a través de las secretarías de seguridad correspondientes. Por ello, lamentablemente no fue un evento en que hayan participado activamente los restantes poderes, es decir el legislativo y ejecutivo. Sin lugar a dudas es un esfuerzo histórico del poder judicial federal, lo que lamentablemente pone en evidencia el desinterés de los restantes poderes para resolver dicho problema tan sentido para todos los ciudadanos.
El Encuentro Nacional se llevó a cabo a través de 14 sesiones que cubrieron todas las zonas geográficas del país, desde Querétaro hasta la Ciudad de México, cada sesión fue una oportunidad para escuchar a las personas involucradas en el sistema de seguridad y justicia, ya que la convocatoria fue plural para toda la sociedad en su conjunto.
El haber participado en el último encuentro organizado en la Ciudad de México en el emblemático centro cultural Tlatelolco, me llevé una experiencia grata no solamente en la organización (en el que hay que reconocer el gran esfuerzo de las casas de la cultura jurídica) pero sobre todo en la metodología empleada, es decir, no fueron simples conferencias, sino verdaderas mesas de trabajo en el que los talleristas expresamos nuestras experiencias en todos los ámbitos en que nos desempeñamos, esto en la detección del problema y no sus síntomas y finalmente las conclusiones y recomendaciones para solucionarlos. Recopilándose la información de forma metodológica e informándonos que se entregarían los resultados al poder legislativo, tanto el saliente como el entrante para contar con un diagnóstico preciso y metodológico, del cual realmente se busca que la conflictiva que impide que las personas usuarias tengan una mejor percepción de lo que realiza dicho poder judicial.
El resultado de este Encuentro Nacional de acuerdo a los organizadores ha sido un diagnóstico plural, sustentado en propuestas y acciones desde la academia, la sociedad civil y, enfáticamente, en las personas usuarias del sistema de seguridad y justicia en lo general. Este diagnóstico ha permitido identificar áreas de mejora y generar propuestas concretas para fortalecer el sistema de seguridad y justicia en México.
Uno de los aspectos más destacados del Encuentro Nacional fue la participación activa de la sociedad. Se evidenció la necesidad de que la sociedad conozca sus derechos, ademas de forma importante, se invirtió la fórmula, ahora las personas son las protagonistas. Este enfoque centrado en las personas es un paso importante hacia un sistema de seguridad y justicia más inclusivo y eficaz. Realmente los usuarios del sistema, lamentamos que no se hayan hecho previamente y con mayor frecuencia dichos foros, también que no haya habido una coordinación entre poderes para lograr una mejor percepción en la seguridad y justicia que usted y yo vivimos a diario.
De acuerdo al reporte preliminar publicado por los organizadores , de los cuatro ejes temáticos en el cual el participante se podía inscribir que eran: 1) acceso a los servicios legales, 2) seguridad y justicia, 3) sistema nacional de impartición de justicia y 4) justicia y rendición de cuentas, el 73.9% de las y los participantes optaron por el eje 1 y 2, en el eje 4 solamente registra 9.3% de interés. De allí entonces una de las conclusiones relevantes de dicho encuentro fue la detección verdadera de los problemas que los usuarios experimentaron en el sistema de impartición de justicia, siendo evidente entonces que la forma de designación o elección de los que imparten justicia no es el problema fundamental.
Las principales propuestas generadas en el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia se centraron en cuatro áreas: primero, las necesidades de las personas, se planteó la importancia de que las personas conozcan sus derechos, así como los mecanismos existentes para hacerlos valer; segundo, las necesidades en el sistema de justicia penal de las víctimas; tercero, facilitar el acceso a la justicia a todas las personas, en el que se propuso la necesidad de hacer más accesible el sistema de justicia para los usuarios; cuarto, independencia y rendición de cuentas, en el que destaca la importancia de la independencia judicial y la rendición de cuentas como un elemento fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia.
El Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia ha sentado un precedente importante para el diálogo y la colaboración en temas de seguridad y justicia en México. Los resultados de este encuentro serán fundamentales para la formulación de políticas y estrategias futuras, esperamos que el Poder Ejecutivo pero de forma más importante el Poder Legislativo tome en cuenta dicho encuentro (pues así fue expresado por el invitado por el Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales), pues obviamente la iniciativa presentada por el ejecutivo, en el cual se pretende la elección de los integrantes del poder judicial y que previamente me referido en columna diversa la independencia judicial, la carrera judicial y el funcionamiento de los tribunales sólo llaman la atención de las personas juzgadoras que representan un 9%. De forma relevante casi el 75% de las y los participantes se interesan por temas relacionados con los derechos de las personas en lo general, los derechos de las víctimas y temas relacionados a la seguridad pública. Si queremos mejores políticas públicas de seguridad y justicia, tenemos que concentrarnos en los derechos de las personas, particularmente de las víctimas.