Los órganos constitucionales autónomos son piezas fundamentales en el sistema democrático de un país, ya que tienen la responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento de las instituciones y garantizar el respeto a la ley. Sin embargo, lamentablemente, en muchos casos estos organismos han sido cooptados por intereses políticos y han perdido su independencia y autonomía.
En Morelos, órganos como el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y el Tribunal Superior de Justicia han sido objeto de críticas por su falta de imparcialidad y transparencia. En muchos casos, estos organismos han sido utilizados como espacios reservados para los amigos, aliados y cómplices de políticos encumbrados, lo que ha socavado su legitimidad y credibilidad ante la ciudadanía.
Es urgente que se lleve a cabo una profunda reforma en estos órganos constitucionales autónomos, con el objetivo de restituir su independencia y garantizar su correcto funcionamiento. Esta reforma debe tener como bases fundamentales el establecimiento de un servicio profesional de carrera, la ciudadanización de los órganos y la implementación de mecanismos de evaluación constante.
El establecimiento de un servicio profesional de carrera garantizará que los funcionarios que ocupen cargos en estos organismos sean seleccionados por su capacidad y experiencia, y no por su cercanía a ciertos grupos políticos. Además, la ciudadanización de los órganos permitirá que la sociedad civil participe activamente en su funcionamiento y supervisión, lo que contribuirá a fortalecer su legitimidad y transparencia.
Por último, la implementación de mecanismos de evaluación constante permitirá monitorear el desempeño de los órganos y detectar posibles irregularidades o abusos, lo que contribuirá a prevenir la corrupción y el nepotismo en su interior.
En conclusión, es necesario llevar a cabo una profunda reforma en los órganos constitucionales autónomos en México, con el objetivo de restablecer su independencia y garantizar su correcto funcionamiento. Solo de esta manera podremos asegurar que estos organismos cumplan con su función de velar por el respeto a la ley y los derechos de los ciudadanos, sin verse comprometidos por intereses políticos o particulares.