Un llamado a los trabajadores del Poder Judicial Federal a no participar en el paro de labores programado para el uno de julio realizó su líder nacional, Jesús Gilberto González Pimentel, advirtiendo que podrían incurrir en varios delitos, al paralizar las actividades del órgano judicial.
Y ese llamado incluye a los más de mil 100 trabajadores del Poder Judicial Federal en Morelos, que ya han interrumpido sus actividades hace meses, cuando fue dada a conocer la reforma al Poder Judicial, la cual consideró, en primera instancia, la desaparición de 13 fideicomisos, lo que los trabajadores sindicalizados consideraron atentaban contra sus derechos, sobre todo en lo que toca a sus pensiones.
Si bien diversos amparos concedidos a jueces pusieron a salvo los fideicomisos, pues ya no pudieron ser tocados por el gobierno de la República, ahora que la reforma al Poder Judicial va más a fondo con la elección de jueces, magistrados y ministros, y en virtud de que Morena y sus aliados tienen mayoría en el Congreso de la Unión, los trabajadores del Poder Judicial Federal planean un paro de labores el primero de julio.
No obstante, su dirigencia nacional ya ha advertido que la Asamblea Plenaria ha votado por el diálogo y advierte que quienes paralicen las actividades podrían ser acusados de delitos contra la administración de justicia.
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No obstante, queda en el aire si, efectivamente, los trabajadores del Poder Judicial Federal, que a nivel nacional tienen poco más de 56 mil integrantes, harán caso de la petición de su líder sindical. La razón es que las movilizaciones realizadas para evitar la desaparición de los fideicomisos ya dejaban ver la escisión del liderazgo sindical, pues mientras una parte de los trabajadores se mostraban proclives al diálogo, otro sector, cada vez más creciente, apostaba por la radicalización de posturas, llamando a un paro nacional.
Esta misma división de posturas se está registrando ahora, que las reformas al Poder Judicial Federal son inminentes, y en las que se habla de la salida de ministros, jueces y magistrados, para que los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos vía el voto directo de la sociedad. Pero no se trata del único cambio propuesto en la reforma, puesto que está planteada la desaparición del Consejo de la Judicatura, para dar paso a un órgano autónomo, netamente administrativo, que se encargue de revisar la actuación de los impartidores de justicia, sin que el órgano revisor sea juez y parte, como ahora ocurre con la ministra Norma Piña, quien además de encabezar la SCJN, también está al frente del Consejo de la Judicatura.
En el caso Morelos, los trabajadores del Poder Judicial Federal comenzaron paros de labores en octubre del año pasado, pero también marcharon en defensa de sus derechos, tanto los de la Ciudad Judicial, como los de sus distintas sedes, en demanda de la no intromisión del presidente de la República en el Poder Judicial, así como de respeto a su autonomía. Hasta ahora, en este nuevo capítulo de la lucha de los sindicalizados federales en la defensa de sus derechos, aún no han externado la postura que adoptarán, acaso en espera de las definiciones de la dirigencia nacional, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones.