México, lamentablemente, se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel global. Los datos son alarmantes: desde el año 2012 hasta finales de 2023, se han registrado 88 asesinatos de comunicadores en el país, de los cuales 37 han sido directamente vinculados con su labor periodística, según informes del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional.
En el estado de Morelos, el doloroso caso del supuesto secuestro y asesinato de nuestro compañero Roberto Carlos Figueroa en abril pasado sigue resonando en la memoria colectiva. Las autoridades han guardado un silencio preocupante sobre este caso, lo que refleja la falta de atención y justicia que enfrentan los periodistas que son víctimas de violencia en el ejercicio de su labor.
Las discrepancias en las cifras oficiales sobre periodistas asesinados evidencian la falta de coordinación entre las entidades federales y locales. A nivel federal la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), reportó 86 asesinatos desde 2012 hasta diciembre de 2023, mientras que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) contabilizó 166 asesinatos en el mismo periodo, sin especificar cuántos están directamente relacionados con la labor periodística de las víctimas. Esta falta de claridad dificulta la implementación de medidas de protección efectivas.
La situación de riesgo para los periodistas en México es un problema arraigado que trasciende administraciones. Bajo el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se han registrado 43 muertes de periodistas, sumándose a las cifras preocupantes de las administraciones anteriores. El caso de Lourdes Maldonado López en Tijuana durante enero de 2022 es un ejemplo trágico de la vulnerabilidad de los comunicadores, incluso cuando expresan sus temores directamente a las autoridades.
Es urgente que se tomen medidas concretas para proteger la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en México. La impunidad y la falta de justicia en los casos de violencia contra comunicadores solo perpetúan un ciclo de violencia y miedo que amenaza el ejercicio de un periodismo libre e independiente en el país. La protección de los periodistas es fundamental para la democracia y el Estado de derecho en México, y debe ser una prioridad para las autoridades en todos los niveles de gobierno.
Hoy, en el marco del siete de junio dedicamos nuestra fuerza, nuestras coberturas y el mensaje en memoria de Roberto Carlos Figueroa y exigimos de manera contundente a nuestras autoridades estatales que no debe quedar impune este triste caso.