Le pregunto, ¿fue a votar?, ¿que sintió de hacerlo o no?, ¿cree usted que vale la pena nuestro sistema democrático que se traduce en que usted pueda votar si lo desea?, pero sobre todo ¿vale la pena respetar los resultados?, yo digo que SI.
La historia política de México ha sido marcada por la lucha constante por una democracia más representativa y justa. La transición democrática en México, que se extiende por más de cuatro décadas, ha sido una búsqueda por la legitimidad electoral y la equidad política.
La transición comenzó en 1977 con la aprobación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), un paso crucial que abrió las puertas a la pluralidad partidista y sentó las bases para una competencia electoral más justa. Este hito fue seguido por una serie de reformas electorales significativas quizás la más significativa fue en 1996, con la reforma que otorgó total autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), garantizando así la imparcialidad en la supervisión de los procesos electorales.
El corazón de la democracia mexicana late el reconocimiento de las elecciones como el mecanismo fundamental para la expresión de la voluntad popular, partiendo de que es un mecanismo pacífico para el cambio de los poderes constituidos en la federación, estados y municipios. Este reconocimiento está cimentado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que juntas, configuran el esqueleto legal y constitucional del sistema electoral mexicano.
La Constitución en su artículo 41, establece que el poder de la nación emana del pueblo y se instituye en beneficio de este, subrayando que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se debe realizar a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. Asimismo, el artículo 35 consagra el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados para cargos de elección popular, delineando lo que se traduce en nuestra democracia representativa. Es decir, que su voto vale y que por ello se eligen a sus representantes, en materia legal existe un contrato de mandato, es decir, ellos como “mandatarios” solamente pueden realizar lo que los ciudadanos les dicten (mandantes).
Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIP), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014 y con su última reforma en abril de 2024, regula desde la preparación de los comicios hasta la declaración de validez de los resultados, asegurando que el proceso electoral sea transparente, equitativo y conforme a los principios democráticos.
El reconocimiento legal de las elecciones se extiende a la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, permitiendo la impugnación de los actos y resoluciones que violen estos derechos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) juega un papel crucial en este aspecto, siendo la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.
La columna vertebral de la democracia mexicana se fortalece con cada elección que se lleva a cabo bajo estas normativas. La transparencia y la justicia electoral no son solo ideales a alcanzar, sino mandatos constitucionales y legales que deben ser cumplidos para garantizar la legitimidad de los poderes públicos y la confianza en el sistema democrático.
La democracia en México es una construcción continua, donde cada elección es un ladrillo más en la edificación de un sistema político que refleje fielmente la voluntad de su gente. El reconocimiento de las elecciones en la constitución y la ley electoral no es solo un requisito formal, sino la expresión de un compromiso con los valores democráticos y la participación ciudadana. Es un recordatorio de que en una democracia, cada voto cuenta y cada elección importa.
Entonces ¿no le gustaría a usted que respeten su voto?