Una denuncia de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción contra el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu por el endeudamiento de cuatro mil millones de pesos que los morelenses seguimos pagando, fue presentada por Gerardo Becerra Chávez de Ita, vocero del Partido Encuentro Solidario (PES).
En la denuncia de hechos, Gerardo Becerra también señala a la candidata de la alianza opositora, Lucy Meza, quien entonces encabezaba el Congreso del Estado, así como a todos los integrantes de esa legislatura, como involucrados.
Gerardo Becerra afirma que esa deuda sin precedentes en la entidad la siguen pagando los morelenses, por lo que ya fue presentada la denuncia de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, la cual se encargará de las investigaciones y, en su caso, fincar responsabilidades.
Refirió que a pocos meses de iniciada la gestión de Graco Ramírez, justificó el endeudamiento aduciendo que “Se han modificado las prioridades en materia de inversión pública productiva, presentándose nuevas necesidades que de manera prioritaria deben atenderse por el Poder Ejecutivo, lo que implica la contratación de créditos de una cantidad mayor a la propuesta en la iniciativa de decreto (de los municipios)”.
Chávez de Ita refiere que el 13 de octubre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto número 936 en donde, después del engaño a los municipios, “Se da luz verde al endeudamiento más grande que nuestra tierra ha tenido en toda su historia, más de dos mil 800 millones de pesos que fueron dilapidados en gastos absurdos, sin obrar de por medio proyectos ejecutivos y sin licitación alguna”.
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Citó como ejemplo que parte de los recursos del préstamo también se utilizaron para pagar salarios atrasados al IEBEM, lo cual fue considerado como gasto corriente por el auditor, porque no puede catalogarse como inversión pública productiva.
Agrega que el 25 de marzo de 2015, los integrantes de diversos movimientos sociales en contra de Graco Ramírez presentaron una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República, en la oficina de su titular, Arley Gómez González. Se realizó una auditoría, de la que no conocieron un resultado, y ahí supieron de la presión que el ahora exgobernador Graco Ramírez ejerció contra el presidente Enrique Peña Nieto, por lo que finalmente le otorgaron el “no ejercicio de la acción penal”.
Destacó que cuando se pidió a Graco Ramírez y a la presidenta del Congreso de Morelos, Lucy Meza, que se hiciera pública la auditoría especial, tuvieron que desaparecer la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso para crear una nueva instancia con un “auditor a modo”, que si bien no desconoció el trabajo hecho por su antecesor, modificó las penas o sanciones de “Resarcitorias” a meramente “Administrativas”.
Ahora, Chávez de Ita espera que con las pruebas presentadas, la Fiscalía Anticorrupción llame a juicio al exgobernador Graco Ramírez y a todos los que tuvieron que ver con este acto de presunta corrupción, que no ha prescrito, puesto que la deuda aún se está pagando.