Frente a la grave sequía que persiste en casi todo nuestro país y de la cual no somos ajenos aquí en Morelos, debemos recordar que, sin duda uno de los principales derechos que toda persona debe gozar es el acceso al agua potable, lo que además constituye una de las mayores demandas en términos de servicios públicos municipales.
Sin embargo, en la actualidad con esquemas de administración municipal del recurso hídrico, a través de los llamados Sistemas Operadores de Agua Potable, ha quedado claro que muchos ayuntamientos han sido rebasados administrativa y operativamente y no han logrado dar calidad en este servicio.
Una generalidad en nuestro país es que los Sistema operadores municipales se encuentran en quiebra técnica, porque comúnmente se han convertido en la caja chica desde donde se han extraído recursos incluso para pagar campañas políticas. Pero hay que decir que en el caso de Morelos, la gran mayoría de los sistemas operativos acarrean pendientes desde hace más de 15 años.
De acuerdo con especialistas, como Alejandro Salazar Adams, nuestro país ha alcanzado ciertas metas importantes en cuanto al abasto y cobertura de agua potable y alcantarillado, incluso son más altas que en otros países latinoamericanos.
Sin embargo, aún existen profundas diferencias entre los organismos municipales. Mientras que algunos municipios son capaces de proveer el servicio de agua potable a casi todos sus habitantes, otros se encuentran muy lejos de lograrlo, pues aún requieren conectar a grandes segmentos de la población a su red de distribución.
Además de las deficiencias en cobertura, los organismos enfrentan otros problemas que dificultan la provisión adecuada de agua potable a los municipios. Conforme las localidades crecen, el agua se vuelve relativamente más escasa y costosa, pues debe ser trasportada desde lugares más lejanos, o extraída del subsuelo, mediante sistemas de bombeo eléctrico.
Por otra parte, a pesar del crecimiento poblacional y la escasez de recursos hídricos, casi la mitad del agua producida se pierde en la distribución, debido a las deficiencias de su infraestructura, o bien no es contabilizada ni se factura de manera adecuada Las pérdidas de agua potable implican la insolvencia financiera de los organismos, riesgos a la salud por la contaminación, a través de las fugas, y el deterioro ambiental asociado con la sobreexplotación de los recursos hídricos.
Un asunto que empeora esta situación es la baja proporción de recaudación de pagos por el servicio, la cual desincentiva su conservación y perjudica la sustentabilidad financiera de los organismos y desde luego la grave corrupción que se registra en su administración.
En este tenor, un estudio presentado en 2016 por la organización Morelos Rinde Cuentas, establece claramente que a 21 años de la creación de SAPAC, el organismo se ha sumergido en una problemática política, operativa y financiera grave. “En tres de los últimos cuatro años (2013-2016), el organismo cerró su ejercicio fiscal en números rojos”.
Por lo que se advierte que “de no tomarse acciones de inmediato para revertir la crisis, el servicio que presta SAPAC continuará decayendo e incrementando su costo ambiental. Lo que de por si no solo afecta la calidad de vida sino que le quita atractivo a Cuernavaca para atraer y retener talento e inversiones.
Si un sistema de agua y drenaje es deficiente, puede afectar negativamente a la productividad de las empresas, su potencial de crecimiento y, en consecuencia, a la creación de nuevos empleos”.
En el referido estudio se da cuenta de que la Organización de las Naciones Unidas, “estima que el 78% de los puestos de trabajo en el mundo dependen del acceso al agua. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, cada dólar invertido en facilitar el acceso a agua potable y saneamiento genera un retorno de entre 3 y 34 dólares en función de la región y la tecnología utilizada.
Sin embargo, hay problemas pero también hay soluciones. De entrada en la capital de Morelos —por el momento— no existe falta de agua sino de buena administración del recurso. De los 133 millones de metros cúbicos que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) le autoriza extraer anualmente a Cuernavaca, solo se utilizan 69 millones”.
Por todo ello, el 41% de los habitantes de Cuernavaca están inconformes con el drenaje y alcantarillado y el 28.2% de la población está insatisfecha con el servicio de agua potable de la ciudad. La calificación general que le otorgan a la prestación de agua potable es de 6.49 en una escala de 1 al 10.
De acuerdo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), se tienen grandes deficiencias en el servicio por la falta de recursos para invertir en infraestructura hidráulica. Y por citar sólo algunas de las necesidades MRC, manifiesta que ara reparar la red de agua y drenaje se necesitan 803 millones de pesos.
Por lo que, si se divide ese monto en tres años, la duración de una administración municipal, el organismo operador requeriría invertir anualmente: 267 millones de pesos. Sin embargo, con los recursos que actualmente genera SAPAC y sus erogaciones es imposible.
El organismo operador tiene comprometidos el 92% de sus ingresos en gastos operativos e inclusive algunos años ha gastado más que los recursos que genera. El sistema de agua potable de Cuernavaca tiene acumulados muchos pendientes, y la mayoría de estos tienen que ver con deudas económicas. En efecto, durante esta administración municipal se ha disminuido la principal deuda, con la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo, el SAPAC enfrenta dos grandes problemas: el acoso político del gobierno federal, de la mano del estatal, en la lucha por la recuperación Cuernavaca en el esquema político electoral del Movimiento de Regeneración Nacional y por otro lado, la sobre explotación de los mantos acuíferos que ha provocado una merma enorme en la disponibilidad del vital líquido. Más allá de las protestas justas de los cuernavaquenses por la falta de vital líquido, el SAPAC tiene un cúmulo de pendientes heredados que, difícilmente se podrán resolver en tres años.