No es solamente vivir bajo la sombra de las bandas del crimen organizado que azotan particularmente a la región oriente de la entidad.
El problema va más allá: lo más sensible, vulnerable y valioso tanto para el núcleo familiar como para la sociedad son los jóvenes. Y los grupos delincuenciales están reclutando en sus filas a los adolescentes, algunos bajo amenazas, otros seduciéndolos con el dinero fácil. Y esto solo puede evitarse si las autoridades asumen la responsabilidad de brindarles un entorno con necesidades básicas satisfechas, lo mismo que la posibilidad de reinserción a la sociedad venturosamente si han equivocado el camino.
Frente a esto, lo que urge hacer: “Todavía falta capacidad en las instituciones para tener personal especializado en el sistema y que comprendan que no se persigue a los jóvenes con una finalidad punitiva, sino con el restablecimiento de todos los derechos que los adolescentes tienen”, considera la maestra Adriana Pineda Hernández, titular del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes.
Narcomenudeo, delitos sexuales y homicidios son los delitos en los que se están involucrando los adolescentes. Hasta septiembre de 2023, se tenían registradas 62 carpetas iniciadas, 18, 13 y nueve, respectivamente, por los delitos referidos, en los que están involucrados los jóvenes. El problema también contempla que, en ese entonces, de 72 menores de edad procesados, 30 han consumido algún tipo de droga: 14 cristal, diez recurrieron a la marihuana y seis consumieron ambas sustancias.
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No es un problema sencillo de sortear.
El estado, afirma Pineda Hernández, tiene la obligación de trabajar en su reinserción social, restituirles los derechos, pero también de darles las condiciones para su óptimo desarrollo, en esta etapa en que están definiendo su racionalidad, su madurez para la toma de decisiones, que impactaría en el momento en que sean adultos para evitar la reincidencia.
Por tanto, es indispensable implementar reformas al sistema de justicia penal para adolescentes, a fin de que los jóvenes cuenten con un entorno estable y las herramientas necesarias, para no sucumbir a las actividades ilícitas o sumarse a los grupos criminales.
En el caso de los adolescentes que sufren el acoso de las bandas delictivas para sumarse a sus filas es una situación más compleja: “El problema en este caso es que los adolescentes que están realizando actividades de narcomenudeo o de portación de armas de fuego, generalmente están asociados con grupos delictivos. Ese es otro de los aspectos que se tiene que investigar y analizar para que el estado pueda desincorporar a los adolescentes en su relación con las organizaciones delictivas”, considera.
Y este aspecto debe ser tomado en cuenta a la hora que se definen los programas, las estrategias de combate a las bandas delictivas, con mecanismos especiales que consideren a los adolescentes para su rescate de estas actividades.
Actualmente, hay entre 70 y 80 jóvenes bajo la tutela del estado para su reinserción a la sociedad, en el entendido, señala Pineda Hernández, de que la Justicia Penal para Adolescentes no tiene una finalidad punitiva, sino el restablecimiento de todos los derechos que los menores que han tenido contacto con la justicia penal. Hay que atender los problemas que enfrentaron durante su niñez, como la ausencia de los padres, la falta de asistencia a las escuelas, de alimentos nutritivos y saludables como marca la ley, son factores que deben considerarse.
Y, por tanto, es urgente que el Estado reincorpore a la sociedad a los adolescentes y que evite que se sumen a las bandas delictivas del crimen organizado, para lo cual es necesario que el estado asuma la necesidad de poner énfasis en estas acciones.