En busca de ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar.
Cumpliendo así con el derecho fundamental al voto ya que en una sociedad democrática, el ejercicio del voto constituye un derecho básico y esencial y para hacerlo cumplir es necesario eliminar barreras de desigualdad, esto se refiere a garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su género, raza, orientación sexual, capacidad física o cualquier otra característica, tengan la oportunidad y los medios para participar en el proceso electoral de manera equitativa y sin discriminación.
Caso en específico con los presos quienes por muchos años al encontrarse privados de su libertad se encontraron privados de sus derechos político-electorales.
Sin embargo todo cambio representa dudas y discusiones, por un lado surge la discusión de privar al individuo de otros derechos a modo de castigo y el no hacerlo por el impacto que esté pudiera causar, teniendo dicho argumento como base constitucional lo establecido en el artículo 38 CPEUM el cual menciona la suspensión de derechos ciudadanos al estar sujeto a un proceso criminal, por otro lado, se busca salvaguardar los derechos sobre todas las circunstancias, en este caso apelando a la presunción de inocencia pues al no tener condena establecida aún no se puede privar de otros derechos, por lo tanto, que no puedan acceder a su derecho al voto viola sus derechos fundamentales, lo cierto es que está discusión se ha dado por sentada con las próximas elecciones del presente año en las cuales se ha determinado que las personas que se encuentren en prisión preventiva podrán participar.
Esto supone un gran reto pero mientras existan herramientas y mecánicos necesarios para hacer cumplir los derechos de los prisioneros a pesar de sus limitaciones estos se deben hacer cumplir, pues no existen otros motivos que la privación de la libertad para acatarlos.
Sin duda alguna esto representa un avance no solo para la democracia sino también para la inclusión y el cumpliendo de los derechos, teniendo como resultado una democracia Inclusiva.