Hay zonas del estado en las que se propiciaron las actividades ilícitas durante muchos años y hoy se han convertido en verdaderos focos rojos de inseguridad.
Habría que recordar que tan sólo en 2017 el robo de combustible de los ductos de PEMEX ubicados en Morelos creció un 349 por ciento, con 72 tomas clandestinas.
Al mes de abril del 2018 y para los primeros cuatro meses del año, ya se contabilizaban más de 70 tomas clandestinas y una gran actividad económica alrededor del llamado “huachicol”.
En su momento, la actividad comercial ilícita propiciada por los huachicoleros se desarrolló a tal grado, que ya era tan fácil conseguir en toda la zona metropolitana del estado “gasolina” robada entre 13 y 14 pesos por litro.
Era fácil ubicar las garrafas de 20 litros de gasolina “de la roja” por cualquier punto de Cuernavaca, Jiutepec, Tepoztlán, Temixco o Zapata.
El tema no era tan alarmante para las autoridades –así parecía- hasta que el derrame de combustible por las tomas que dejaban abiertas los ladrones –no presuntos, porque si era real que se la robaban-, comenzó a escurrir sobre los pozos de agua ubicados al norte de Cuernavaca, causando con ello una gran contaminación en perjuicio de la ciudadanía. Se tenía en ese momento gasolina barata y agua muy cara.
Esta situación propició que, a mitad del 2018, las autoridades de Petróleos Mexicanos cerraran el ducto de combustible que cruza por la entidad. Hasta aquí todo parece estar bien y controlado.
Se cerró el ducto y ya no hay forma de que persista, al menos hasta ahora, la actividad ilícita del huachicol. Pero, lo que no tomaron en cuenta las autoridades federales y estatales fue la implementación de acciones u operativos para controlar a las ya bien establecidas bandas delictivas, que al ver truncada su posibilidad de seguir robando gasolina, comenzaron en la zona norte del estado, a desarrollar otras actividades también ilícitas para subsistir.
Robos a mano armada, robo de autos con violencia, robo a casa habitación, secuestro y extorsión son los delitos que en los últimos años se han incremento en la zona norte del estado.
Lo hemos dicho desde que se sucedió que tal parece que, para las autoridades de nuestro estado y las federales, lo único importante ha sido, que no se sigan robando la gasolina.
Hasta ahora, los vecinos se encuentran con el temor de ser ultrajados en su persona o sus bienes, por esta ola de inseguridad.
Las familias principalmente de todo el norte del estado, en la llamada zona de los altos identifican a sus opresores, pero temen hablar o denunciar porque saben que su confesión podría costarles la vida o poner en riesgo a sus familias.
Sería bueno que los candidatos a diputados y los diputados federales y locales que se encuentran en campaña desde el año pasado, aún en el cargo, se den una vueltecita por aquella zona, tal vez eso provoque que policías y militares también recorran el lugar, que por ahora se encuentra a expensas de la delincuencia.
De acuerdo con autoridades de PEMEX, la paraestatal pierde cada año en promedio 30 mil millones de pesos por robo de combustible.
Es una cantidad importante que se suma a todas las perdidas por fuga de capitales en esa institución y que aun así no han logrado extinguir la empresa; en contraste, cuando a una persona, le roban su patrimonio, literalmente las dejan en la calle y la autoridad no hace nada por ellos.
El robo es lacerante y reprobable en cualquiera de las dos modalidades, pero sea a PEMEX o no, la delincuencia le termina pegando al ciudadano promedio, para quien las cosas cada día son más complicadas.
Está por concluir la administración federal y la estatal y hasta ahora no hay una sola acción o política pública que busque generar oportunidades de desarrollo a las familias de esas que, por muchos años han sido golpeadas por la delincuencia.