La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) del Gobierno del Estado, Ana Cecilia Rodríguez González, rechazó que los recursos del fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifodepi) de Morelos hayan servido para cubrir gastos de comunicación social del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
En entrevista, la funcionaria minimizó la denuncia hecha por Morelos Rinde Cuentas ante medios nacionales y locales, sobre los malos manejos de los recursos de la administración estatal.
"Mi respuesta es muy clara: Son empresas morelenses que generan empleos... Ahí están los proyectos, están bien sustentados y quién tenga dudas... Y es en beneficio de otras empresas. Lo que nosotros estamos haciendo es un consumo solidario. Entonces, hay empresas beneficiarias, son empresas morelenses y todo está perfectamente apegado a las reglas de operación", señaló.
Dijo que estos señalamientos forman parte de las denostaciones que, resultado de los tiempos electorales se generan.
LA DENUNCIA
Al inicio de este año, el Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas” denunció que los recursos del fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifopedi) de Morelos han servido para cubrir gastos de comunicación social del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
A través de información obtenida vía solicitudes de transparencia, documentó cómo funciona el esquema de triangulación de recursos públicos a medios de comunicación; además de encontró que tres empresas de la familia de Juan Diego Pons, director general del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) del que provienen los recursos destinados al Fifopedi, fueron beneficiadas.
Las empresas Inmobiliaria Matoja, Ingeniería en Alimentos y El Dulce Sabor de la Vida, propiedad de familiares de Pons, obtuvieron apoyos por más de 400 mil pesos Fifopedi, en donde el funcionario es parte del comité que evalúa y aprueba a los beneficiarios.
Según publicó Latinus, de 2019 a 2022, el gobierno había programado 424 millones de pesos para comunicación social, pero durante esos años, la administración estatal acabó ejerciendo un gasto de 713 millones de pesos, es decir, 125% más de lo aprobado.
Durante esos años, el gobierno de Morelos transfería y movía el dinero a su conveniencia, pero en 2023 el Congreso local le puso límites.
“Este año el Congreso local limitó el presupuesto destinado a comunicación social y etiquetó sólo 50 millones de pesos para este rubro. Eso le generó una crisis al gobierno del estado porque ya no podía pagar igual a los medios de comunicación”, explicó Roberto Salinas Ramírez, director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas a ese medio de comunicación.