De acuerdo con la Enciclopedia Libre, la Administración pública se define de la siguiente manera: “La administración pública es un sistema de límites imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. Por su función, la Administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político (servidores públicos), «satisfaciendo» los intereses colectivos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata. La forma en la cual la Administración Pública se relaciona con la ciudadanía y la dinámica gubernamental a la que está sujeta la convierten en una subdisciplina académica de la Ciencia Política. Es por ello que la Administración Pública es estudiada junto con dicha ciencia social de forma conjunta y complementaria.
La administración pública de igual modo “se encuentra principalmente regulada por el poder ejecutivo y los organismos que están en contacto permanente con el mismo. Por excepción, algunas dependencias del poder legislativo integran la noción de «Administración pública» (como las empresas estatales), a la vez que pueden existir juegos de «Administración general» en los otros cuatro poderes o en organismos estatales que pueden depender de alguno. La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación pública, así como a los profesionales de los centros estatales de salud, la policía, las fuerzas armadas, el servicio de parques nacionales y el servicio postal. Se discute, en cambio, si la integran los servicios públicos prestados por organizaciones privadas con habilitación del Estado. El concepto no alcanza a las entidades estatales que realizan la función legislativa ni la función judicial del Estado”.
Después de todo lo anterior, es claro que la principal responsabilidad de las autoridades de cualquier nivel, es justamente la administración de los recursos propiedad de la nación, el estado o el municipio. Lo mismo con los que se encuentran en el poder legislativo o el judicial. Son administradores. Razón por la cual, de no tener buenos resultados en la tarea primordial de “administrar” cualquier “autoridad” estaría reprobada.
Frente al panorama electoral que tenemos y más aún frente al cúmulo de pendientes y necesidades, tras crisis económicas, parálisis administrativas y pandemias es necesario que nadie se distraiga de sus obligaciones constitucionales. Hablamos expresamente de todas y todos aquellos que hoy ocupan un cargo público.
Nuestra democracia debe madurar. Es más, debe llegar al nivel de la evolución de modo de que por ejemplo en el caso de las legislaturas, hubiese algún método para que, sin ir a un proceso de lectivo, decidamos las mayorías si tal o cual legislador debe seguir en su posición o si incluso debe asumir un nueva por su probada capacidad. Esta lógica es sencilla: el que hace bien su trabajo debe continuar y el que no, debe irse. El servicio público es eso, saber servir a los demás.
El tema es sencillo. ¿Cómo podeos identificar al que sabe servir? Aquel que se quita el bocado de la boca para dárselo a quien sabe que puede que hoy sea ese el único alimento que tenga. Aquel o aquella que dice: no me sirvan, primero que todos los demás coman. Sin embargo vemos que en el ambiente político, a los que se creen poderosos les gusta exactamente lo contrario, que todos les sirvan y no les importa que quienes asisten a los eventos en su apoyo, se regresen a su casa cargados de esperanza pero con la panza vacía.
El que llega a un cargo público es el administrador de la esperanza de una comunidad, un pueblo, un estado y hasta un país, pero tristemente muchos no entienden esa responsabilidad. El correcto administrador de la esperanza se da por los demás y no toma su posición de poder como una oportunidad para abusar de los demás. Necesitamos en el país y en el estado, administradores de la esperanza.