Hasta empresas de familiares del ex director del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión en 2021 han sido beneficiados con recursos de esa instancia, por lo que urge que se den a conocer todas sus operaciones, si de verdad hablan de transparencia, afirmó Roberto Salinas, titular de la organización Morelos Rinde Cuentas.
Más aún: reiteró que debido a los límites presupuestales que el Congreso del Estado puso por 50 millones de pesos para los gastos de Comunicación del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, el citado Fideicomiso contrató los servicios de dos empresas propiedad del mismo dueño de un medio con el que vía el aparato de publicidad de gobierno tenía convenio, para difundir la imagen de microempresas.
Para Roberto Salinas, al frente de Morelos Rinde Cuentas, es importante conocer los criterios de asignación de contratos, si hubo licitaciones, los informes de los beneficios, la inversión que se atrajo, el número de empleos generados, entre otros muchos aspectos que verdaderamente hablarían de transparencia en el manejo de recursos, para que no sea un grupo de notables al interior del Fideicomiso o de las secretarías del gobierno estatal los que tomen unilateralmente las decisiones.
Tan escasa es la voluntad de transparentar contratos, que la organización Morelos Rinde Cuentas ha tenido que recurrir a solicitudes de acceso a información para allegarse de datos que permitan evaluar el desempeño de las autoridades, lo mismo que constatar que efectivamente se están otorgando contratos a empresas en las que no haya conflicto de interés por ser muy cercanas a integrantes del Fideicomiso, a cualquier otro funcionario gubernamental, o que se presten a compensar de otra manera los recursos que por la vía formal ya no pueden asignarse directamente a quienes manejan la imagen del gobernador.
Lodehoy Morelos cuenta con copia de los contratos mediante los cuales el Fideicomiso estableció una relación con esas dos empresas con las que el aparato de Comunicación Social del gobierno estatal tenía convenios de imagen y que debido a las restricciones determinadas por el Congreso se canalizaron a otras de sus empresas, so pretexto de proyectar a emprendedores.
Roberto Salinas consideró que existen dos maneras de conocer no sólo el manejo del recursos que maneja el Fideicomiso, sino en general de todo el gobierno estatal: una es a través de la Auditoría Superior del Estado, que es un órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental del Congreso del Estado, pues cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, independencia en sus funciones, autonomía técnica, presupuestal y de gestión para realizar las investigaciones correspondientes.
La otra es a través de las Contralorías internas del propio gobierno estatal, pero en las que siempre existe la suspicacia de que son juez y parte, pues dependen del gobierno estatal y las dependencias a las que auditarían.
Es inconcebible, consideró Roberto Salinas, que las organizaciones que dedican su esfuerzo a evaluar el desempeño de las autoridades estatales y a constatar la veracidad del manejo de los recursos financieros tengan que recurrir a los mecanismos de acceso a la información para obtener algunos datos, cuando las propias autoridades deberían ser las más interesadas en rendir cuentas, con transparencia, de todos sus proyectos y programas.