¿Hasta cuándo será posible alcanzar la verdad y la justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa si no se logra que el Ejército entregue los archivos de la represión que obran en su poder? ¿será posible que en un año que falta del gobierno de López Obrador se logre dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas? ¿Acaso no se puede atender y aplicar el protocolo homologado de búsqueda en vida de los más de 110 mil personas desaparecidas en México? ¿Por qué tenemos que esperar a encontrar los restos humanos en fosas por parte de los colectivos de buscadoras mientras las autoridades no utilizan todos los recursos institucionales para lograrlo? ¿Se puede comprender lo que significa la angustia y la incertidumbre que viven los familiares al no saber el paradero de sus seres queridos mientras pululan en redes sociales los videos donde se muestra como son torturados sádicamente algunos de ellos? ¿Podremos superar colectivamente el estado de temor generalizado ante la creciente violencia e inseguridad que ocurre en cualquier lugar y a toda hora del día sin que haya una estrategia de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos?
Dar respuesta a estas interrogantes requiere de la acción consciente y organizada para fortalecer a los cientos de colectivos de familiares que todos los días dedican sus mejores esfuerzos a realizar áreas que les corresponden a las autoridades y que éstas no cumplen. Escuchar una y mil veces las historias de tristezas de quienes buscan y no encuentran a sus seres queridos requiere fortalecer el corazón para no desmayar en la lucha.
El 30 de agosto es el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas decretada por la ONU y el recuento de los daños es terrible en todo el mundo. Las organizaciones sindicales y sociales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores hemos mantenido el apoyo y solidaridad con la lucha de las madres y los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Cuando falta un mes para que se cumplan 9 años de estos graves hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, catalogados como crímenes de lesa humanidad como son la desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, denunciamos los signos ominosos que alejan la posibilidad de alcanzar la verdad y la justicia que se comprometió en su primer acto de gobierno el actual presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ya solamente queda un año para que concluya su sexenio. El sentimiento de tristeza de los familiares de los 43 desaparecidos nos motiva a reforzar el apoyo y solidaridad con su lucha, agradeciendo su ejemplo de dignidad que han mantenido durante todos estos años a pesar de enfermedades y la muerte de varios de ellos y ellas sin conocer el paradero de sus hijos.
El más reciente hecho de la prisión domiciliaria y no en un centro de reclusión, como debería ser para quien está acusado de delincuencia organizada por su complicidad con los grupos criminales que operan en la zona militar de Iguala que se encontraba bajo su mando, el General Rafael Hernández Nieto, es un indicador del grado de influencia que tiene el Ejército para mantener privilegios e impunidad, debido al poder que se le ha otorgado durante el gobierno actual. El General Hernández Nieto, Comandante del 41 Batallón de Infantería al momento de los hechos, es expresamente mencionado en los mensajes de texto intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas, con menciones que muestran que éste tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada. Esto mismo es lo que representa el hecho denunciado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su VI y último informe de que el Ejército se negó a obedecer la orden presidencial de quien a su vez ocupa el cargo de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en el sentido de abrir y entregar todos los archivos de la represión en su poder. Por si fuera poco, el propio Mecanismo Histórico para el Esclarecimiento de la Verdad, creado por decreto presidencial, ha externado públicamente su preocupación por el hecho de que se les ha negado el acceso a los archivos sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el período de 1965 a 1990 que están en poder del Centro Nacional de Inteligencia y que fueron creados en su momento por el CISEN.
Todos estos hechos muestran las contradicciones en un gobierno que se comprometió a resolver las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por gobiernos anteriores, a la vez que entrega un mayor poder a quienes han sido acusados de haber participado en ellos, como es el Ejército, la Marina y a una Guardia Nacional bajo control militar.
El aumento a más de 110 mil personas desaparecidas en todo el país muestra la gravedad de la crisis humanitaria que estamos padeciendo. Tan es así que la renuncia el día de ayer de la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, es una muestra de que está haciendo crisis el nivel de desapariciones y el intento de rasurar los indicadores para disminuir la cantidad de casos cuando ya estamos en plenas campañas electorales adelantadas.
Por todo lo anterior, nos sumamos a la convocatoria a reforzar la lucha por la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos y nos sumamos a las jornadas de lucha que tendrán un significado especial el 26 y 27 de septiembre al cumplirse 9 años de las desapariciones de los 43 de Ayotzinapa. En éste sentido, continuaremos en el camino de la unidad de las luchas de la clase trabajadora y los diferentes movimientos sociales, por lo que saludamos la realización de la Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores que se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre en las instalaciones del SME en la Ciudad de México.