Corrupción en Morelos genera ausencia de estado de derecho

En Orden y Seguridad Morelos se fue hasta el fondo quedando en lugar 30 bajo la batuta de José Ortiz Guarneros

De acuerdo al reporte del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Project (WJP), Morelos ocupa el primer lugar con mayores índices de corrupción en el país por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que hay una ausencia del Estado de Derecho.

En su apartado de Orden y Seguridad, la estrategia impulsada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a través del titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Ortiz Guarneros, ocupa la posición 30, lo que revela que la actual gestión no cumple con su responsabilidad de salvaguardar la integridad de la población ni de sus bienes, por lo que no es efectiva.

 

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El estudio revela que es la apropiación indebida de recursos públicos, soborno e influencias ilícitas, los tres delitos que más se cometen en la entidad por parte de las autoridades, al obtener muy bajas calificaciones, tomando en cuenta que los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde uno indica la máxima adhesión al respeto de las leyes y sus derechos humanos.

Y es que para alcanzar un verdadero Estado de Derecho es fundamental que exista una ausencia de homicidios, del crimen, así como garantizar seguridad de los ciudadanos dentro de su entorno cotidiano.

Vale la pena precisar que Morelos obtuvo un puntaje de 0.8 en la ausencia de homicidios, en un 0.31 la ciudadanía se siente segura y el 0.38 se percibe una ausencia del crimen, lo que muestra que no existe un Estado de Derecho.

 

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En tanto, el Poder Judicial también ocupa los últimos lugares del ranking en Justicia Penal, situándose en el número 31, pues al evaluar su efectividad y calidad se detectó que incumple todos los parámetros, ya que un sistema de calidad debe respetar los derechos de las víctimas y de los justiciables.

Este reporte hace una evaluación de todas las personas participantes del sistema de justicia penal que incluye a la policía, defensores, asesores jurídicos de las víctimas, fiscales, jueces, juezas y autoridades encargadas del sistema penitenciario, obteniendo también muy bajos resultados.