La violencia de género, es un problema que persiste en México desde hace varias décadas, sin embargo, en los últimos años esto paso de ser un tema del ámbito privado a convertirse en un problema del ámbito público; puesto que en últimas fechas el nivel de violencia que sufren las mujeres ha ido en constante crecimiento.
Debemos precisar que la violencia de género, se comete diversas formas, como lo es, el feminicidio, el abuso sexual, la omisión de cumplir con las obligaciones alimentarias, violencia familiar, entre otras.
Si bien es cierto, el estado Mexicano ha implementado diversas políticas públicas con la finalidad de erradicar la violencia, no menos cierto es que, las mismas no han sido del todo efectivas para erradicar la violencia que día con día se vive en México.
Es por ello, que días recientes los legisladores han implementado diversas leyes que permiten limitar a los agresores que tengan aspiraciones políticas, dentro de las cuales encontramos el implemente del patrón de deudores alimentarios y por su puesta la controversial “ley 3 de 3”, misma que fue aprobada el viernes veintiocho de abril del actual, en una sesión que resulto del todo controversial.
Lo anterior es así, puesto que ante el impedimento de los grupos opositores al partido que actualmente gobierna nuestro país, los senadores se vieron en la necesidad de cambiar a una sede alterna para poder sesionar y con ello aprobar una seria de reformas y leyes que tenían pendientes.
Dentro de las reformas que se aprobaron nos encontramos con la ya citada “ley 3 de 3”, que busca erradicar la violencia mediante el impedimento para quienes tienes aspiraciones políticas de poder ejercer un cargo de elección popular.
Debemos precisar, que la “ley 3 de 3”, impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios o que hayan incurrido en violencia familiar poder participar para acceder a un cargo de elección en cualquiera de las tres órdenes de gobierno, tanto estatal, federal y municipal.
Con dicha reforma, se busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y sobre todo garantizar el interés superior del menor, puesto que debemos establecer que quienes más sufren ante el incumplimiento de una pensión alimenticia, son los menores acreedores quienes se ven afectados en sus derechos fundamentales.
*IR