En México se han presentado una serie de reformas, como lo son la reforma del 2008 en materia penal, posteriormente la de 2011 en materia de derechos humanos y por último la reforma política en 2014, las cuales van encaminadas a un sistema más garantista que permita la protección a los derechos humanos, permeando en el principio de igualdad y las garantías a un debido proceso.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 3, en la cual reconoce que la protección a los derechos humanos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, que suelen ser por sí mismas insuficientes, sino que los Estados deben garantizar la creación de medidas que generen resultados efectivos. Es por lo anterior que asegurar la independencia de las fiscalías y de los procuradores de justicia constituye, por si misma, un resultado efectivo en las investigaciones y garantizan el debido proceso.
Esto así, puesto que la autonomía de la Fiscalía General de la Republica no debe traducirse en el simple hecho de tener autonomía orgánica y patrimonio propio, sino más bien a que no existan injerencia por parte del Estado Mexicano, las partes u otros entes vinculados a la administración de justicia en el contexto de todo un proceso penal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos ha destacado que, si una fiscalía depende de algún otro órgano del Estado, su actuación carecería de imparcialidad, lo cual generaría graves violaciones a los derechos humanos y amplía la situación de impunidad en México y demás países latinoamericanos.
Es por esto, que desde la reforma de 2008 se ha enfatizado en la capacitación de los fiscales, policías investigadoras, peritos y todos aquellos que intervienen en la procuración de justicia, sin embargo, es de precisarse que dicha capacitación no tendrá un resultado útil si no se logra el deslinde de las fiscalías del poder ejecutivo o legislativo, ya que ningún modelo establecido tendrá éxito sin autonomía y estrategias de acuerdo con un correcto control judicial.