Queridos lectores:
En estos pocos más de dos años en los que he tenido el enorme privilegio de dirigirme a ustedes a través de este espacio, he tenido como consigna personal emitir opiniones basadas en argumentos que puedan ser siempre comprobados; pues si bien, quienes nos dedicamos de manera profesional al ejercicio de la libertad de expresión tenemos la enorme responsabilidad de mantenernos siempre en vanguardia de la información, no puedo negar, que una opinión, por naturaleza se emite desde la percepción individual, y que se verá siempre influenciada por el contexto en el que nos desarrollamos.
En este sentido, me es sumamente necesario dejar en claro que, los temas que desde Dominó Social he abordado, si bien surgen desde convicciones personales, he tratado en medida de lo posible, que sean estas líneas una oportunidad para ustedes como lectores, de poder conocer información quizás desconocida, o vista desde otra perspectiva, y que sea a partir desde la curiosidad, que se pueda despertar la inquietud de profundizar en dichos temas.
Dejando esto en claro; hoy quiero hablar respecto de las declaraciones públicas dadas por Mons. Ramón Castro Castro, desde su carácter como Secretarío General de la Conferencia del episcopado mexicano, el pasado 29 de noviembre: en donde a nombre de los obispos de México “manifiesta al pueblo, su gran preocupación… por la propuesta del paquete de iniciativas que, bajo el concepto de igualdad sustantiva… los legisladores pretenden introducir modificaciones sustantivas al régimen constitucional y legal de México, con impacto en múltiples ámbitos… vulnerando y restringiendo los derechos humanos a la vida, a la familia… se pretende afianzar la cultura de la muerte estableciendo como pretendido derecho humano, la práctica del aborto…existe la propuesta de no requerir consentimiento de los padres de familia para que un menor recurra a la práctica de un aborto o a un procedimiento de cambio de sexo…” sic.
En este sentido, si bien no pretendo cuestionar el pensamiento ni individual, ni colectivo de la iglesia católica, ni sus representantes; si considero importante que se deje en claro, (como ya lo he mencionado) que las personas a las que se consideran líderes de opinión, están obligadas a emitir su opinión desde la información, pues hacer uso de un prestigio tan grande para desinformar a quienes los siguen, es considerado no sólo un acto de deshonestidad, si no, también, atenta contra la moral y la ética.
Comenzaré por explicar conceptos importantes; como lo es la igualdad sustantiva: la cual se encuentra definida en el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y esta se sintetiza como el acceso al mismo trato y oportunidades, entre personas, garantizando el ejercicio pleno de los Derechos Humanos. Así pues, el paquete de reformas al que hace alusión Mons. Castro, si es verdad que tiene sus bases en dicho concepto, estaría entonces representando un enorme avance legislativo para nuestra nación.
Y es que cuando hablamos de derechos humanos, se habla desde la concepción genuina de seres vivos razonantes, y esto no tiene que ver en lo absoluto con las preferencias de cada uno. Lo que las personas hagan o dejen de hacer con sus intimidad sexual, es asunto que ni a la iglesia (sea cual sea), ni a las instituciones debe importar, mientras que estas acciones no representen un peligro para el resto de la sociedad.
Y ahí están los siguientes dos puntos importantes; primero, cuando se hace mención que dichas reformas ingieren en el ejercicio de la paternidad o maternidad, podemos identificar una total y completa falacia, puesto que el respeto a la orientación sexual de niños y jóvenes no limita sus responsabilidades, por el contrario, permite que nuestros futuros ciudadanos afiancen la idea de respetar y ser respetados en su individualidad.
Pero aún más importante, cuando se habla de una libertad desmedida en la práctica de la interrupción legal del embarazo, y procedimientos quirúrgicos y hormonales para el cambio de sexo, habría que recordarle a los emisores de dicho mensaje, que jurídicamente cualquier reforma legislativa será siempre normada por un reglamento subsecuente, y en materia de salud (ámbito en el que se aborda ambos temas) existen reglamentaciones estandarizadas para el acceso a procedimientos médicos que incluye como regla general la aprobación de padres o tutores para el caso de menores de edad.
No quiero decir que este mal que el obispo, o la iglesia consideren pecado las preferencias y decisiones individuales, finalmente es la misma iglesia la que tiene un reglamente y código de conducta para sus feligreses, y justamente, así como las instituciones gubernamentales no tienen el derecho a ingerir en su pensar, así también la iglesia no tiene derecho de dictar como es que han de actuar los gobernantes.
Recordemos que cualquier gobernante tiene como obligación responder a los intereses colectivos de la sociedad mexicana, sin distinción de colores, creencias y actuaciones, así pues, la iglesia y sus representantes deben respetar esto mismo.
*IR