Los múltiples señalamientos en que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo estaría relacionado con actividades y personajes de grupos delictivos no son nuevos; incluso aquellos que datan de su gestión como alcalde de la capital entre los años 2015 a 2018. Lo que sí confirman las publicaciones realizadas por la revista Proceso en su edición del pasado fin de semana, es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaba investigaciones y las documentó, al menos hasta antes de que sus archivos fueran infiltrados y divulgados por el “Colectivo Guacamayas”, en septiembre pasado.
La Sedena, según los documentos de archivo hackeados por “Guacamayas” y difundidos a la fecha por diversos medios de comunicación, nacionales e internacionales, registró que en Morelos los grupos criminales sentaron sus reales hace varios lustros, pero hasta hoy permanecen gracia a los presuntos nexos con funcionarios del gobierno estatal y de la mayoría de los municipios del estado.
Y en lo que hay que insistir es que, si bien en realidad hay poca información novedosa en casi todo lo que se ha difundido con los que mostró este paso fin de semana Proceso, lo que sí es relevante es que se confirme que el Ejército y la Marina Armada, hayan investigado a fondo y documentado los posible arreglos y pactos de los gobiernos estatal y municipales con diversos grupos criminales, los cuales a lo largo de más de dos décadas han tenido presencia, se han diversificado y sigan operando al amparo de la protección institucional.
Lo que de igual forma resulta significativo es que aún y con toda esa información, la cual es del conocimiento del gobierno federal, ninguna de las carpetas de la Sedena se haya traducido en investigaciones y acciones para intervenir, perseguir y sancionar la comisión de diversos delitos en que incurrirían los funcionarios del gobierno estatal, principalmente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y de los municipios implicados.
Y es que por ejemplo y sólo por citar uno de los casos más mediáticos, la Fiscalía General de la República (FGR), si procedió en contra del entonces gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusándolo de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal, por lo que fue solicitado su desafuero al Congreso de la Unión. Incluso hoy el exgobernador, se encuentra en calidad de prófugo ya que al término de su gestión y sin fuero, desapareció del país y no se le ha vuelto a ver. Claro es que el de Tamaulipas, no fue un mandatario a fin al partido y al gobierno en el Poder y, por el contrario, es considerado un enemigo político del régimen de la 4T, igual que otros mandatarios o ex gobernadores de oposición.
La situación pues es que todo es muy raro en Morelos, pues para muchos no resulta extraño ni nada nuevo el que se siga hablando de los presuntos nexos o de la infiltración de grupos criminales en las instituciones públicas, sino que a pesar de que ahora se sabe que la Sedena cuenta con los elementos necesarios en sendas investigaciones, no haya una acciones o reacción en consecuencia desde el gobierno de la república, ¿será verdad que para la 4T aquello de que para mis amigos justicia y gracias y para mis enemigos sólo justicia, se ha convertido en una máxima? A ver…
Así de burocrática y torpe es la impartición de justicia en México, pues 15 días han pasado en el caso del feminicidio de la joven Ariadna, y aún no se sabe qué pasó en realidad y cómo es que sus presuntos homicidas la privaron de la vida. Ambos están detenidos desde hace varios días, pero hasta el momento ha sido imposible que digan a las autoridades lo que hicieron, más allá de lo que ya sabemos pero que se trata de lo que en cámaras y otras evidencias se registraron y de muchas conjeturas que se suponen. Y, por cierto, lo mismo ocurre con el Fiscal del Estado, al que aquí en Morelos todo parece que la va a librar, veremos…
*IR