En México, las historias de impunidad se han contado siempre por miles, por lo cual desde mediados del siglo pasado, distintas organizaciones como la “Asociación Agustín Pro Juárez” han contado entre sus filas con defensores como la abogada Digna Ochoa, que buscan acabar no solo con la impunidad, si no con la violación de Derecho Humanos, arriesgando incluso su propia vida, por la defensa de los ciudadanos.
Este ejemplo de valentía en la lucha lo encontramos precisamente en la veracruzana Digna Ochoa, nacida en el municipio de Misantla, quien en vida habría sido una de las abogadas y defensoras de los Derechos Humanos en México, más importantes de la década de los noventas, puesto que representó a personas activistas, indígenas, campesinas y defensoras del ambiente en estados como Veracruz, Chiapas, y en la Costa Grande del Estado de Guerrero.
Motivada por la vivencia cercana de un caso injusticia e impunidad, Digna decidió estudiar abogacía, caracterizándose siempre por representar casos en donde la milicia y el gobierno se vieron involucrados como los violadores de los Derechos; entre dichos casos, podemos mencionar algunos de los más emblemáticos en nuestro país, los conocidos como el de “Aguas Blancas” sucedido el 28 de junio de 1995, en el Estado de Guerrero, en donde 17 campesinos integrantes de la Organización Campesina Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinados cerca del vado de Aguas Blancas, por integrantes de la Policía Motorizada y de la Policía Judicial Estatal, y a los cuales Digna representó buscando el castigo de los culpables de dicha masacre; así como también se puede hacer mención de la defensa de casos de violación de Derechos Humanos por el entonces naciente Ejercito Zapatista de Liberación Nacional “EZLN”, en el Estado de Chiapas.
El 19 de octubre de 2001, a las 18:00 horas, Digna Ochoa fue encontrada sin vida en el que habría sido su despacho, ubicado en la afamada colonia Roma, del entonces Distrito Federal. De acuerdo con el acta presentada por Procuraduría General de Justicia, el cuerpo de Digna habría sido encontrado sin vida en un sillón con 2 impactos de arma de fuego
La primera hipótesis de la muerte de la activista apuntaba a un crimen de Estado; sin embargo, la entonces Procuraduría General Justicia del Distrito Federal abriría tres líneas de investigación principales: la primera línea sobre la posible autoría militar; una segunda línea denominada línea “Guerrero” y finalmente la línea sobre el entorno familiar, social y laboral. Sin embargo, ninguna de estas tres líneas de investigación obtuvo resultados.
Para el año 2003 el Agente del Ministerio Público encargado de la investigación propuso a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público, el no ejercicio de la acción penal argumentando que no existían elementos para investigar lo ocurrido a Digna como un homicidio, adoptando entonces el Acuerdo de Resolución de la AP-2576. El mencionado acuerdo descartó la hipótesis de homicidio y se inclinó por que la hipótesis más probable era la de un “suicidio disimulado”.
El sesgo de la investigación claramente influenciado por estereotipos de género, provocó que los deudos de Digna, así como sus representantes legales, no quedaran satisfechos con el dictamen dado por las autoridades mexicanas, por lo cual, siguiendo el legado de la activista llevaron el caso hasta la Corte Interamericana de Derecho. Dicho organismo a partir del 2004 realizó distintas investigaciones sobre el caso y las claras violaciones de Derechos Humanos que hubo antes, durante y posterior al proceso por parte de las autoridades mexicanas.
Para el 2011, con Miguel Ángel Mancera como procurador, se impidió que la familia de Digna interpusiera nuevos alegatos contra la Procuraduría, declarando como cerrado el caso. Por lo que Karla Michel Salas abogada representante del caso de Digna, luchó por que la Corte Interamericana de Derechos Humanos atrajera el caso.
En 2013, se llevó a cabo la audiencia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe de admisibilidad del caso para su posterior decisión de fondo. Tuvieron que pasar poco más de 8 años para que la Comisión emitiera su fallo, después de una casi interminable recaudación de pruebas, en 25 de noviembre de 2021, después de diez años de la muerte de Digna, la Comisión emitió una sentencia en la cual se señalaba como culpable en las irregularidades de la investigación del caso al estado mexicano.
En cumplimiento a dicha sentencia el pasado 19 de octubre, a 21 años del asesinato de Digna, el estado mexicano realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en el que se reivindicó la memoria y trayectoria de Digna Ochoa, así como la lucha de sus familiares por esclarecer los hechos que derivaron en su muerte y obtener justicia. Lo que representa por si solo un enorme triunfo, no solo para los familiares de Digna, si no, para los familiares de los desaparecidos y víctimas de violencia en nuestro país, quienes aún siguen buscando justicia, y es que si bien una disculpa pública no nos regresará a Digna, ni a ninguno de nuestros muertos, si representa el recordatorio constante a las autoridades de que la justicia llega tarde, pero llega.
*IR