A través de una suspensión definitiva, una jueza ordenó al gobierno federal restaurar a nivel nacional el servicio de Escuelas de Tiempo Completo (LEEN), como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa La Escuela es Nuestra (LEEN).
La decisión fue el resultado de una demanda de amparo presentada por Aprender Primero, brazo jurídico de la organización Mexicanos Primero, acompañada por el despacho de abogados Aguilar Barroso.
En la demanda se señala que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y alimentación de millones de niños y adolescentes.
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Yadira Elizabeth Medina, jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ordenó al Ejecutivo federal, Cámara de Diputados y a todas las autoridades encargadas de la implementación de los programas ETC y LEEN, incluyendo a las secretarías de Educación Pública (SEP) y a la de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adoptar las medidas pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban en los programas ETC.
Mexicanos Primero informó que el órgano jurisdiccional llegó a esta determinación tomando en cuenta que las autoridades violaron el principio de progresividad respecto de los derechos a la educación y alimentación de los niños y adolescentes.
La jueza reconoció que se afectó desproporcionadamente a las mujeres madres de familia, quienes dependían de ese programa para tener un lugar seguro para sus hijos.
El programa ETC en su punto más alto de cobertura beneficiaba a cerca de 27 mil escuelas y a 3.6 millones de niños y adolescentes, quienes recibían horas adicionales de aprendizaje, y a 1.6 millones con alimentación.
Claudia Aguilar, integrante del despacho Aguilar Barroso, destacó que se trata de una suspensión definitiva, que, por decirlo de alguna forma, es resolver de manera anticipada o precautoria para que no se sigan generando las afectaciones a los derechos de los niños y adolescentes.
Abundó que es una suspensión porque todavía no se resuelve el fondo del amparo, pero es definitiva porque va a surtir todos sus efectos hasta que se resuelva en definitiva.
Aguilar recordó que el ETC desapareció después de recortes presupuestales y se sustituyó por el programa LEEN.
Manifestó que este programa había incorporado los objetivos de la ETC, el horario ampliado y la alimentación; sin embargo, en el ejercicio fiscal no les asignaron recursos a los componentes jornada ampliada y alimentación.
“La juez, al momento de revisar la demanda de amparo, lo que dice es que todas las autoridades, tanto de la SEP como la SHCP, están obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para poder otorgar los mismos beneficios que se encontraban previstos en el ETC, incluyendo la realización de los ajustes presupuestales que sean necesarios para lograr ese fin. Eso debería ser de manera inmediata y no tendrían que esperar otro ciclo escolar”, aseveró la abogada.
Jeny Farías, directora de Proyectos y Operaciones en Mexicanos Primero, dijo que es una orden judicial y las autoridades de manera inmediata deben tomar las medidas.
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“Deberíamos ver a los diputados, a la SEP, al Ejecutivo, Hacienda realizar ajustes para hacer realidad esta orden de la jueza, en caso contrario estarían en un desacato que trae consigo otras consecuencias y sanciones por parte del Poder Judicial”, externó.
“Aunque decidieran optar por la vía del recurso de revisión, tendrían que regresar las escuelas de tiempo completo como las conocemos, poner el presupuesto y entonces acudir al recurso que ellos consideraran— entonces, no hay otro camino más que cumplir”, expuso Farías.
Subrayó que esta acción la pueden incorporar en LEEN, pero con los beneficios y condiciones que estaban considerados antes, “no basta con que pongan el recurso, tienen que hacer todas las medidas para que funcione. La sentencia se tiene que cumplir de manera inmediata”.
*IR