Toda vez que existe en la actualidad una normatividad de tipo general que contempla las disposiciones, los órganos y autoridades que deben atender y aplicar la ley, el tipo delictivo y las sanciones a imponer a los funcionarios que comentan la deleznable acción de la tortura, y para efectos de evitar confusión y contradicción entre los gobernados y las autoridades del estado, se propone abrogar la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos que se publicó en el Periódico Oficial “tierra y libertad” desde el 22 de diciembre del de 1993.
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El coordinador de los diputados del PRI en la LV legislatura, Eliasib Polanco Saldívar, sostuvo que junto a ese marco jurídico existe el bloque constitucional que atiende a la protección de los derechos humanos de las personas, ya que no admite suspensión alguna en su ejercicio como lo es su dignidad, y que la normatividad federal es de aplicación general y obligatoria en todo el territorio nacional y sin distinción alguna.
Eliasib Polanco, mencionó que desde el 27 de diciembre del año de 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, normatividad que fue expedida por el congreso de la unión; derivado de ello, la Cuadragésima Quinta Legislatura Federal, aprobó el día 16 de diciembre del año de 1993, la ley para prevenir y sancionar la tortura en el estado de Morelos, misma que se publicó en el periódico oficial “tierra y libertad” el 22 de diciembre de 1993.
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El 30 de abril del año 2015, el Congreso de la Unión remitió a los congresos de los estados de la república, la minuta con proyecto de reforma y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio del año 2015, por lo que al día siguiente formó parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual el Congreso de la Unión se reservó la potestad de legislar los temas inherentes a la prevención, investigación y sanción de la tortura, al expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, normatividad que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio del año 2017.