La democracia en México ha logrado avanzar a pasos lentos y en muchas ocasiones parece detenerse. Los gobiernos en turno siempre han intentado intervenir de una forma o de otra en los procesos electorales, de tal manera que intentan influir en sus resultados y beneficiarse de las lagunas en la ley. Así ha sido desde los remotos tiempos del PRI, después en la alternancia con el PAN y en el regreso del PRI. Ahora Morena tiene la tentación de influir para mantener el gobierno por 6 años más.
Esta práctica es razonablemente normal, porque debiera entenderse que si haces un buen gobierno la consecuencia es que la gente va a votar nuevamente por ti, entonces el hacer un buen gobierno debe ayudar enormemente a mantenerse con altas expectativas electorales entre la ciudadanía. Hasta aquí no tendría que preocuparse nadie porque la buena acción de gobierno provoca la respuesta positiva del ciudadano y consecuentemente el voto a favor del partido en el gobierno. Me parece que el gobierno federal cumple con hacer un buen gobierno hasta hoy y entonces no debería preocuparse mucho por continuar gobernando 6 años más.
La realidad dista mucho de lo que escribí para iniciar esta reflexión. Primero es que la competencia entre los distintos partidos políticos no es un día de campo, siempre existe la idea de sacar ventaja sobre los demás, pero con particas prohibidas comenzando por el gasto desproporcionado de dinero sin comprobar. El INE hasta el día de hoy no ha logrado o no ha querido encontrar una fórmula para sancionar lo evidente, el uso de recursos públicos de procedencia ilícita. También se tiene una doble contabilidad de las campañas de tal manera que una es la oficial y es la que se presenta ante los órganos fiscalizadores y hay otra que es interna, la real, la que dice que el gasto rebaso dos o tres veces el tope exigido por la ley.
Así tenemos que la competencia no es la más transparente y sana, sino que se convierte en una lucha desigual y tramposa. En anteriores gobiernos hemos sido testigos del uso de prácticas al margen de la ley del ejecutivo, ya sea con personal pagado con recursos públicos o desviando los propios recursos públicos a través de los programas o las obras, aunque esto esté estrictamente prohibido.
Las omisiones tanto del INE como del TRIFE han sido una constante y con consecuencias en los resultados finales en varios procesos. La intención de intervención del árbitro electoral ha sido una práctica recurrente en la historia de la democracia en nuestro país y hay diversos ejemplos en distintos momentos históricos de estos hechos. Sin embargo, fue un avance importante que la responsabilidad dejara de estar en el ejecutivo y exista un órgano que sea el encargado de esta tarea.
Es entonces necesario y prioritario, en aras de fortalecer la democracia, concretar una reforma político-electoral. Esta reforma debe contemplar una disminución en los recursos que se otorgan a los partidos políticos, la reconvención al Instituto Federal Electoral para descentralizar las tareas electorales y regresarle facultades a los órganos electorales estatales y la renovación del Consejo General. Estas tres modificaciones son torales, es urgente bajar el gasto público destinado a los partidos políticos, es importante restituir facultades a los órganos electorales estatales porque el centralizarlas, además de concentrar el poder del INE, resta espacio operativo y capacidad para resolver conflictos locales y la conformación de los mismos es pésima y por último renovar el Consejo General, aunque el proceso para definir quienes lo integran no será sencillo sin los intereses partidistas.
Renovar implica proponer un método distinto al actual para definir quiénes serán los nuevos integrantes del nuevo órgano electoral. Un método que genere confianza para que ningún gobierno en turno pueda meter mano e incidir en decisiones electorales. Ya se dio el primer paso al reformar la ley y que un delito electoral sea considerado grave, ahora hay que complementar con cuando menos esos tres cambios que le darían frescura a un nuevo órgano electoral, por supuesto con sueldos acordes a la política nacional y no como los actuales que parecen seres de otro mundo que merecen la corte celestial y más.
*IR