Empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadunidenses solicitaron que la demanda que interpuso en su contra el gobierno de México sea desechada por la ausencia de fundamento de que participan en actividades ilícitas y acusaron que México está buscando “imponer” sus políticas de control de armas en el país vecino en violación del derecho constitucional a tener y portar armas en Estados Unidos, lo cual calificaron como “un choque de valores” entre ambos países.
México presentó una demanda civil contra once empresas que fabrican y/o distribuyen armas de fuego el 4 de agosto ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts. Las empresas cumplieron este lunes con el plazo para presentar sus respuestas por escrito sobre las acusaciones.
México argumenta que los fabricantes deliberadamente facilitan la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera y con la demanda están buscando tanto reparaciones económicas por el daño como compromisos de estas empresas en frenar el flujo ilícito de armas al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos que nutren la violencia al otro lado de la frontera.
Este lunes era la fecha límite para que la decena de empresas armamentísticas, que se calcula que son productores de al menos el 68% de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, presentaran sus argumentos sobre su posición en el caso, y todas coincidieron de que los supuestos defectos y falta de concreción en sus acusaciones como para que el caso pueda ser tomado en cuenta en una corte federal de Massachusetts.
Cada fabricante de armas, así como el distribuidor Witmer, presentó su propio argumentario ante la corte: decenas de páginas que se regían por las mismas razones por las cuales la demanda mexicana no tiene razón de ser: falta de jurisdicción y fundamento en el reclamo.
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Entre otras justificaciones, tal y como se plantea en el documento presentado por Witmer, “el demandante (el gobierno de México) hace reclamos vagos, demasiado amplios y que abarcan contra todos los demandados; es imposible determinar qué causas o acciones se dirigen realmente a Witmer”, así como carece de “acusaciones específicas directas” contra la empresa, una afirmación que repiten varias de las empresas fabricantes de armas.
La falta de concreción y pruebas de México contra los fabricantes en la supuesta conexión entre las armas que manufacturan y su llegada a manos del crimen organizado, una de las quejas más reiteradas en contra de la demanda presentada por México. “No se hace referencia ni siquiera a una sola arma vendida en Massachusetts que luego fuera recuperada en la escena del crimen o en cualquier otro lugar de México”, se quejó Barret, una ausencia de datos que considera “notable” y que, además, presenta una serie de eventos y casuísticas que atenúan la implicación de las empresas armamentísticas en los crímenes en territorio mexicano, ya que “no tienen control” de qué pasa con ellas una vez son vendidas legalmente dentro de territorio estadounidense.
Empieza la batalla real, reconoce SRE
Al respecto, Alejandro Celorio dijo que los argumentos de las empresas ya los tenían previstos.
“Nada que la Cancillería no viera venir ya ni nada que sea insuperable, producto de una demanda muy bien planteada. Empieza ya la batalla real”, escribió en su cuenta de Twitter.
El funcionario mexicano explicó que dichos argumentos por parte de las 11 empresas buscan detener el litigio en su contra, y adelantó que el gobierno mexicano hará lo propio.
“Recibiremos las respuestas y defensas legales esperadas. El equipo legal SER las analiza e informará elementos a destacar. El Gobierno de México tiene hasta 31 de enero de 2022 para responder a estas defensas”, concluyó.
*BC