En un contexto de decretazos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el control que el presidente Andrés Manuel López Obrador podía ejercer, de manera discrecional, sobre los ahorros de la Administración Pública Federal mediante la aplicación de medidas de austeridad.
Durante la sesión del pleno de la Corte, una mayoría de nueve ministros votó a favor de la propuesta de Norma Lucía Piña Hernández que establece que esta facultad conferida al Ejecutivo federal en la Ley Federal de Austeridad Republicana implica que la Cámara de Diputados renuncie a su facultad exclusiva de determinar el destino y el monto del gasto público federal.
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“Si bien debe haber cierta flexibilidad en las normas presupuestarias para hacer frente, eficazmente, a imponderables como la disminución o el aumento en los ingresos previstos para cubrir el presupuesto, ello no puede llegar al extremo de que la Cámara de Diputados renuncie a su facultad exclusiva de determinar el destino y el monto del gasto público federal,
delegando esa facultad en el Ejecutivo, pues con ello frustra la función que la Constitución le atribuye en exclusiva en esta fase del ciclo presupuestario: ejercer un control democrático efectivo sobre el gasto público federal, autorizando el destino y monto específicos del mismo”, señaló la ministra al exponer el caso.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá advirtió que esta medida puede provocar actos irregulares por parte de quienes ejercen el gasto público.
“No es posible que el Poder Ejecutivo o cualquier otro órgano o poder reajuste sus partidas de gasto a partir de ahorros genera-dos en el ejercicio sin invadir la competencia de la Cámara de Diputados; lo contrario daría lugar a que la Cámara de Diputados perdiera el control sobre los recursos públicos, pues bastaría con que los ejecutores del gasto, con autonomía presupuestaria, inflaran ciertas partidas para luego declarar ahorros y reorientar su propio gasto o, peor aún, redujeran el capítulo 1000 para reasignar otros recursos a fines diversos”, dijo el ministro.
Las únicas dos ministras que votaron contra la propuesta de Piña Hernández fueron Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
La ministra Esquivel Mossa indicó que con la aprobación del presupuesto federal por parte de la Cámara de Diputados se agota la facultad exclusiva que tiene de regular el gasto público anualmente, por lo que no hay impedimento para que el Ejecutivo haga uso de los ahorros.
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“Nada impide que los ahorros presupuestales derivados de las políticas de austeridad los aplique el Poder Ejecutivo transparentando su ejercicio mediante la emisión de un decreto que dé cuenta del destino específico en el cual se aplicarán”, explicó la ministra, cuya postura fue apoyada sin mayores explicaciones por Ortiz Ahlf.
Con esta decisión, la SCJN concluyó el debate de la acción de inconstitucionalidad presentada desde el año 2019 por senadores de oposición contra la Ley Federal de Austeridad Republicana.
*IR