Una y otra vez lo hemos planteado aquí: la criminalidad y la violencia que galopa en el país y que es aguda en ciertas zonas o entidades, no puede explicarse en su crecimiento e impunidad más que en la omisión o al amparo y confabulación de las autoridades en sus distintos niveles, y de eso en el pasado y hoy mismo con los casos que se acentúan en varias entidades, tenemos ejemplos claros. Esto es agregado a la falta de capacidad, de preparación, de coordinación y de estrategia que evidentemente no han tenido los cuerpos policíacos y los gobiernos de los municipios, los estados y la federación, y lo mismo los anteriores que los actuales.
Esta irremediable e imparable violencia que es incompatible con los discursos de los gobiernos en el pasado y de las autoridades en turno, que reiteradamente primero se comprometen (sobre todo en tiempos electorales y con claros propósitos mediáticos) a combatirla y erradicarla, incluso con toda la fuerza del Estado; y en segundo a señalar demagógicamente que hay resultados y avances, en realidad es un fenómeno cuya complejidad y dinamismo ha dado al traste con cualquier plan, acción y estrategia, pues sencillamente autoridades y gobiernos no pueden.
Y como todos los grandes problemas y desafíos que enfrenta la sociedad trascienden a gobiernos y a sus actores, en la criminalidad y la violencia repartir culpas ha resultado un mero distractor para paliarla, pues desde hace tres décadas en las que a este país lo han gobernado diversas fuerzas político partidistas (no ideológicas), este flagelo social ha crecido exponencialmente, se ha diversificado constantemente y ha trascendido fronteras.
Así es que lo primero que deberían hacer los gobiernos, en cualquier nivel, es reconocer la magnitud del problema, contar con un diagnóstico, trazar una estrategia y considerar que no es tema de rentabilidad política, porque tarde o temprano la dualidad que representa desde el punto de vista de la conveniencia política, se puede revertir. Y esto es lo que le ocurre al gobierno del presidente López Obrador y lo mismo les ocurrió a sus tres o cuatro antecesores. Los compromisos en campaña para resolver el tema de la criminalidad y la violencia dan votos, pero directamente proporcional los quita a la vuelta de la esquina, cuando no hay resultados.
Y es que este problema, ya lo sabemos, no se resuelve por decreto ni por mera voluntad, mucho menos con discursos ni promesas, y lamentablemente eso es lo que se ha hecho repetitivamente. Seguramente con la inseguridad, como con otros muchos problemas que enfrenta el país, las soluciones no suelen presentarse por generación espontánea, sino que requieren de un proceso más elaborado e inducido, por eso al infiltrarse la delincuencia por años en las autoridades y en los gobiernos, la corrupción constituye un dique que agrava este fenómeno y hace muy complicada una salida.
Entendemos que el gobierno también ha entendido, como en muchos otros países lo entienden, que el combate a la criminalidad tiene varios frentes, y que combatir la corrupción, la complicidad y la impunidad que se genera desde las propias instituciones del gobierno es uno de ellos, como lo es también la desarticulación de su estructura financiera y la persecución de operadores para el lavado de la fortuna mal habida; además del enfrentamiento obligado de las células criminales y de quienes las encabezan.
Aquí tampoco podemos soslayar, por ejemplo, lo que desde las mismas escuelas y la educación se debe hacer en materia de formación en valores universales, el abatimiento de la deserción escolar y del analfabetismo, y de la inequidad o la falta de oportunidades en los niveles superiores de la enseñanza.
A grandes problemas grandes remedios, y como vemos la situación no es sencilla, sin embargo, (y no quiere decir que ya lo haya sido), la diferencia es que podemos ver en el futuro la posibilidad de modificar el enfoque para hacerle frente a la violencia y criminalidad que ha alcanzado niveles terribles y que hasta ahora no le ha dado un respiro al país.
Lo que muy pronto dejó de hacer este gobierno, de investigar a autoridades estatales por su presunta complicidad con grupos criminales, así como combatiendo sus negocios y su estructura financiera, fue una buena señal al principio, y pudo dar resultados al mermar la capacidad de poder y de acción del crimen organizado, no obstante, pareciera que el actual gobierno claudicó y como los anteriores optó por la cómoda, sobre todo con los correligionarios gobiernos de las entidad y muchos municipios, veremos…
*IR