Denuncia perito de la Fiscalía actos de corrupción para cambiar dictámenes

Acusan al director de Servicios Periciales Samuel Nava y otros agentes del MP, por actos irregulares al interior de la Fiscalía de Morelos

La perito en Psicología de la Fiscalía General de Justicia, Nelly Ivonne Olivares Montes denunció una serie de actos de corrupción al interior de esta dependencia, como es la alteración de peritajes en casos diversos, los más lamentables los de una supuesta agresión sexual contra una menor para darle la razón al agresor y quitarle la responsabilidad de que era objeto.

En conferencia de prensa de esta mañana en la ofrenda de víctimas, la afectada denunció directamente al director de Servicios Periciales de la Fiscalía, Samuel Nava Vázquez, de cometer estos atropellos, atentando contra la vida de las familias y sus derechos.

 

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El antecedente radica en que desde el año 2016, el doctor Nava Vazquez existió una amenaza para que alterará un dictamen, caso que se volvió a repetir el año pasado cuando atendió a una menor de 9 años víctima de delito sexual en donde la agente del Ministerio Público Esbeidi Ocampo Benítez le ofreció dinero con la intención de que alterará el peritaje en un informe preliminar para favorecer al agresor.

Incluso, dijo que la misma agente le dio instrucciones para que le aplicarán a la menor víctima, una prueba que solicita el psicólogo contratado por el agresor dando hincapié a que sea la defensa quien dirija la investigación.

 

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Como no hizo caso de esta petición, el año pasado fue arrestada y cambiada de adscripción, llegando ahora hasta el hostigamiento y siendo seguida con armas por toda el área de Servicios Periciales.

Dijo que ya ha sido víctima de una amenaza de muerte con arma de fuego por parte del subdirector de Servicios Periciales Erick César Dorantes Oliva, situación que se hizo del conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien recomendó medidas cautelares de seguridad, lo que el fiscal ha hecho caso omiso.

Por todo lo anterior, la psicóloga pide la intervención de las autoridades estatales e inclusive de la federación para que la protejan antes de que algo más le pase o atenten contra su vida.