Solicita IMIPE agilizar pesquisas por asesinato de Marco Antonio Alvear
El nuevo comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Hertino Avilés Albavera, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) dar con los responsables del asesinato de su antecesor, Marco Antonio Alvear Sánchez.
En su primera rueda de prensa luego se asumir el cargo el 2 de abril, el representante del órgano constitucional pide que no haya impunidad para los responsables del homicidio.
Asimismo, puntualizó que él y sus homólogos no han sido llamados a declarar sobre el delito acontecido el pasado 21 de marzo, en pleno Centro Histórico de Cuernavaca, aunque la FGE solicitó colaboración institucional para la investigación.
"Ocupo la oportunidad para solicitar a las autoridades competentes se lleve a cabo la agilización de los procedimientos que permita determinar las responsabilidades y eventualmente, judicialmente, la aplicación de sanciones".
Por otra parte, el comisionado confirmó que interpuso la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la falta de recursos para el IMIPE en su presupuesto para el 2024.
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Y es que el Congreso asignó 25 millones de pesos para su presupuesto anual, explicó, de los cuales vienen etiquetados poco más de siete millones de pesos para el pago del cumplimiento de una sentencia de amparo, aunque no refirió quién o quienes serán beneficiados con dichos recursos.
El presupuesto restante sólo alcanzaría para las actividades del órgano constitucional hasta el mes de agosto y por ello fue que decidió interponer el recurso legal, el cual ya fue aceptado y radicado en una ponencia del Alto Tribunal del país, aseveró.
"Estimamos que la autonomía financiera del órgano constitucional es afectada en la medida en que hicimos una propuesta al Ejecutivo local, y el Legislativo nos reduce esa cantidad, pero además nos dirige a un pago".
"Esa determinación le corresponde al Instituto y, conocedores de los temas constitucionales, hemos planteado al tribunal constitucional mexicano (SCJN) que pueda determinar, en el ejercicio de sus atribuciones, si es constitucional o no esa etiqueta".
