Darán a conocer más denuncias contra Villalobos
Será este viernes cuando el Ayuntamiento de Cuernavaca dé a conocer más denuncias contra el exedil de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, quien cumple prisión preventiva desde la noche del miércoles.
Así lo declaró el presidente municipal, José Luis Uriostegui, quien detalló que serán la síndica, Catalina Verónica Atenco, en su calidad de representante legal, y la consejera jurídica, Nadia Luz Lara Chávez, quienes darán más detalles al respecto.
El funcionario expresó que se han presentado 32 denuncias, casi todas a disposición de recursos económicos de manera indebida, como ejemplo el ejercicio presupuestal del año pasado donde ocuparon recursos del ejercicio fiscal 2022 afectando a la administración que encabeza; además de por una rendición de cuentas inadecuada, contratos por obras que no fueron justificadas, entre otros delitos.
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José Luis Urióstegui reiteró que este hecho es un aviso para todo servidor público de que no se permitirá ningún acto de corrupción y/o malversación de recursos, “eso debería ser lo natural que toda persona que transgrede la ley y esta transgresión implica una acción u omisión considerada como delito debe ser sancionada no importa en qué rango haya estado o que tiempo haya transcurrido”.
Gracias a que el Juez Especializado de Control, Edie Sandoval Lome, impuso la prisión sin condena para el exedil, Antonio Villalobos Adán, y los exregidores, Gerardo Enrique Güemes Manzo y Anayeli Fabiola Rodríguez Gutiérrez, debido a que el delito por el cual fueron vinculados a proceso penal fue modificado, se encuentra en el catálogo de delitos graves y se sigue de oficio.
De acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción, se le investiga a Villalobos Adán porque sin motivo justificado, desde la primera quincena de enero del 2019 a la primera de octubre del mismo año, se retuvieron en la administración municipal de Cuernavaca 2019-2021 las aportaciones de los trabajadores de Sapac, lo que generó una afectación de nueve millones 147 mil 482 pesos, de los cuales, dos millones 284 mil 854 pesos son por recargos generados contra el organismo descentralizado por no pagar las cuotas, lo que consta en la causa penal JC/385/2022.
