Emite queja la CNDH contra Fiscalía de Morelos por falta de justicia en el asesinato del activista Samir Flores
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 103/2022 al Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por violaciones a los derechos humanos, al acceso a la justicia en agravio del activista social, Samir Flores Soberanes y su familia, quien fue asesinado en el año 2019. Determina que a tres años de este hecho, hay omisiones graves para resolver el caso.
El documento establece que la víctima era dirigente de la comunidad de Amilcingo, y colaborador de la estación de radio comunitaria de la localidad y fue a través de una nota periodística del 20 de febrero de 2019 donde se informó del asesinato del defensor de los derechos de la tierra y el territorio al recibir cuatro disparos de arma de fuego afuera de su domicilio.
Ante ello, la Fiscalía Estatal abrió una carpeta de investigación por privación de la vida de la víctima y las posteriores declaraciones de un testigo y las víctimas indirectas.
Posterior a los hechos, miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil informaron que la víctima había cuestionado al delegado de Bienestar Social durante la asamblea informativa sobre la consulta de la Termoeléctrica en Jonacatepec, Morelos, ante funcionarios estatales y federales.
Sin embargo, y pese a su activismo, las autoridades ministeriales no citaron a declarar a los involucrados ni tuvieron como línea de investigación el activismo de la víctima.
Entre las irregularidades y omisiones cometidas por las personas servidoras públicas que han impedido el esclarecimiento del caso, está la utilización superficial de las declaraciones de testigos para atribuir a una persona el homicidio , quien desde el 24 de julio de 2020 se encontraba privado de su libertad por diversos delitos, además de agregar, de manera extemporánea, el testimonio de un policía local que dice haber reconocido el automóvil del presunto responsable, oír detonaciones cerca del domicilio de la víctima y ver huir al ahora recluido, junto con otras personas.
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Es importante señalar que meses después del asesinato de la víctima, se integró este testimonio a la carpeta de investigación, el cual sirvió de base para consignar al presunto responsable, quien, como se dijo, ya se encontraba en prisión por otros ilícitos contenidos en una carpeta de investigación diferente por tentativa de homicidio, posesión simple de droga y delitos cometidos por conductores de vehículo de motor.
A pesar de los requerimientos de colaboración de esta Comisión Nacional a las diversas autoridades responsables de la Fiscalía Especializada de Homicidios, no tuvo acceso oportuno a la carpeta de investigación ni a los testimoniales de los testigos, con el argumento de la secrecía de la investigación o que la CNDH no era parte interesada.
Del análisis lógico-jurídico del expediente, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, atribuibles a personal de la Fiscalía Estatal de Morelos en la integración de la carpeta de investigación cometidas en agravio de la víctima, por lo que es necesario que se continúe con la integración de la carpeta y se tome en cuenta, entre otras líneas de investigación, el antecedente de que la víctima era defensora de la tierra y el territorio en su comunidad de origen y opositora al proyecto termoeléctrico.
Por lo anterior, la CNDH recomienda al fiscal general del estado de Morelos que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, brinde la reparación integral de los daños a las víctimas indirectas de este caso, que incluya la compensación justa y suficiente y les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas.
