El contexto del saber

Las UMAS y el salario mínimo, DOF


Por Tawny Nava García el 22/02/2021 - 05:58

En México, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) nace en el año 2016 para sustituir al Salario Mínimo (SM) como unidad base para calcular pagos que no son de naturaleza laboral. Cuando el SM aumentaba de igual forma lo hacían diversas sanciones que se calculaban con base en este indicador económico. Ante ello, la llegada de la UMA sirvió como referencia para el cálculo de cuotas, créditos, multas y otro tipo de sanciones. Originalmente, tanto el SM como la UMA tenían el mismo valor, el cual rondaba los $73.04, el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 10/Ene/16 señalaba lo siguiente: “El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el SM general vigente diario para todo el país”. No obstante, a partir del 2017 los valores se distanciaron y en la actualidad no están nada cercanos. El valor de la UMA en el 2021 es de $89.62 (DOF 8/Ene/21), mientras que el SM es de $141.7. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el encargado de fijar el valor anual de la UMA y lo hace tomando como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual mide la inflación. Por su parte, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es el organismo encargado de fijar y actualizar los SM generales y profesionales.

El pasado 17 de febrero del 2021, en su boletín No. 41/2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en su segunda sala lo siguiente: “El cálculo del tope máximo de pensiones jubilatorias de los trabajadores del Estado, sujetos al artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, debe determinarse con base a la UMA”, situación que ha generado gran molestia entre los trabajadores al servicio del Estado que son de los tres poderes: Ejecutivo (aquí se ubican las Maestras y Maestros [MyM], del Sector Salud, entre otros), Legislativo y Judicial. Pero, ¿qué dice la ley?, revisemos; el décimo transitorio de la Ley del ISSSTE plantea lo siguiente: “a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por Jubilación equivalente al cien por ciento del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja”. Asimismo, en su artículo 17, se plantea lo siguiente: “El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como límite inferior un Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez veces dicho Salario Mínimo”.

Para el que escribe estas líneas, una de las obligaciones más nobles en un verdadero estado de derecho, es aquella que tiene por objeto la protección jurídica de sus gobernados, frente a los excesos del Estado, mediante la protección a sus miembros más vulnerables. La observancia de los derechos humanos consagrados tanto en nuestra Constitución, así como de las Convenciones Internacionales, relativo a las pensiones, es una de las funciones sociales más nobles del Estado, toda vez que protege la vejez y su consecuente incapacidad física y/o mental consecuencia lógica de la edad o una incapacidad permanente y limitante. Adicionalmente, el régimen pensionario en México, relativo a los sistemas de seguridad social, es una retribución que vino aportando el trabajador, patrón y en su caso hasta el Estado como medio de remuneración por la función desempeñada durante su vida en activo, y es justamente en la vejez, muerte o incapacidad permanente cuando el trabajador o sus deudos no pueden hacerse de recursos propios que les permitan la continuidad de la vida digna y decorosa que les asegure su subsistencia.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a través de su Colegiado Nacional Jurídico fijó postura al respecto afirmando que “determinación de la Corte, a todas luces viola los derechos humanos y laborales de los compañeros jubilados del SNTE, por lo que, en contra de esta resolución, se están preparando los recursos legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás Organismos Internacionales del Trabajo”. El SNTE es el sindicato más grande de América Latina e incorpora a casi dos millones de agremiados.

Como siempre se afirma, el que hace el candado … hace la llave.

(tawny_ng@yahoo.com.mx)

 

 

 

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